El pasado viernes 29 de mayo el Gobierno estatal, a través de un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que la crisis del coronavirus ha acelerado. Como dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se trata de una “prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes no los tienen” o, en otras palabras, también suyas: “Es una renta garantizada en toda España que se considera el mínimo imprescindible para garantizar unas condiciones de dignidad”.

Su importe varía en función de la situación de los hogares, influyendo el número de personas que vivan en él y los menores a cargo, e irá de los 462 € a los 1.015 € mensuales y se distribuirá en 12 pagas. Podrán solicitarlo las personas que el año anterior hayan tenido unos ingresos por debajo de la renta garantizada anual, así como aquellas que, en lo que llevamos del año actual, presentan una cantidad inferior a ese umbral. Además, se ha fijado un límite referido al patrimonio neto sin tener en cuenta la vivienda habitual. Los solicitantes deberán tener entre 23 a 65 años y contar al menos con un año de residencia en España. También podrá pedirse a partir de los 18 en el caso de que se tenga a un menor a cargo.

El Gobierno estima que beneficiará a cerca de 850.000 familias (en torno a 2,3 millones de personas) y que tendrá un coste de 3.000 millones al año. Una de las incógnitas es de dónde saldrá el dinero para cubrir el Ingreso Mínimo Vital. Al respecto, a nadie se le escapa que los presupuestos públicos son finitos, de modo que dependerá de los ingresos disponibles y de la priorización que haga el Gobierno del conjunto de gastos. Es decir, o se aumentan los ingresos (ya sea vía impuestos o emisión de deuda pública), o se eliminan o posponen otras partidas de gasto. Desde luego, toda medida que se adopte para reducir las tasas de pobreza bienvenida sea, pero conviene no llevarse a engaño, pues el Gobierno no es precisamente quien genera principalmente la riqueza y el desarrollo de un país y menos aún con medidas de corte populista, bajo la perspectiva de reducir la pobreza, pero que, en realidad, pueden conducir a hacerla más endémica, en el sentido de generar un amplio sector de la sociedad que acaba viviendo del subsidio y de las ayudas, sin apenas esfuerzo, ilusión, ni perspectivas vitales.

En realidad, quien realmente genera la riqueza de un país son los autónomos y los pequeños empresarios que no entienden de horas ni de horarios, que lo arriesgan casi todo para poner en marcha o dar continuidad a ese proyecto empresarial que les quita el sueño y que, a la postre, son los que, con esfuerzo y dedicación, crean los necesarios e imprescindibles puestos de trabajo que dignifican a las personas. El Gobierno puede adoptar medidas concretas de estímulo para la economía y también puede crear ayudas concretas y excepcionales, pero presentar el denominado Ingreso Mínimo Vital como una medida de gran alcance y calado como hizo el vicepresidente, no es lo que más conviene a una sociedad con más de tres millones de parados y donde nuestros jóvenes universitarios, en su mayoría, han de emigrar a otros países para poder encontrar un empleo, por lo que el Ingreso Mínimo Vital, más allá de ser excepcionalmente necesario para atajar la pobreza severa, especialmente la infantil, no ha de ser una medida que acabe por estimular una sociedad de pobres que dependen, mes a mes, del subsidio estatal aprobado y sostenido por los políticos, no sea que acabemos como otros países con grandes posibilidades económicas debido a sus recursos naturales, pero donde hay un amplio sector de la sociedad que vive de las ayudas públicas.

Sentado lo anterior, sería bueno que el Gobierno desvelara como afrontará ese coste que dice rondará los 3.000 millones de euros, por lo que, junto al anuncio de la medida, lo razonable y conveniente hubiera sido el anuncio de otras medidas que vayan en la línea de ayudar a los autónomos y pequeñas empresas, más allá de los ERTES que, por el momento, les han permitido mantener los puestos de trabajo. En este sentido, no es ningún secreto que la falta de liquidez conlleva un aumento de la morosidad. Antes del COVID-19, con carácter general, los autónomos y las pymes eran los que más sufrían los impagos de sus proveedores, sobre todo de las grandes compañías y de las administraciones públicas (AA. PP.). Según un estudio llevado a cabo recientemente por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ahora son precisamente los autónomos y las PYMES los que no pueden afrontar los pagos debido a la falta de liquidez derivada de la crisis sanitaria. Indudablemente, el cierre de los establecimientos, la falta de actividad absoluta desde mediados de marzo, el funcionamiento al ralentí durante estos días de desescalada, asociado al mantenimiento de la plantilla, son elementos que generan preocupación en las empresas ante un futuro muy incierto.

Desde la mencionada Plataforma, en las últimas semanas se han presentado multitud de propuestas para inyectar liquidez, todas ellas sin riesgo ni coste, ni garantías colaterales para las arcas públicas y las empresas. Entre otras, que el Gobierno devuelva los IVAs pendientes de compensar; que cree una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus. Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y asegurar los cobros y los pagos, se estaría inyectando savia desde la raíz a todo el entramado empresarial, generándose la necesaria cadena de pagos y la circulación del dinero.

En definitiva, durante los últimos meses, como consecuencia del COVID-19, el Gobierno ha adoptado muchas medidas para hacer frente a una crisis sanitaria cuyo alcance, al igual que en otros países de nuestro entorno, no había previsto ni de lejos, pero le queda muchísimo trabajo por hacer en el plano económico, sin que el Ingreso Mínimo Vital pueda enmascarar la necesidad de adoptar medidas que permitan realmente hacer frente a su coste y generar la confianza necesaria para que se lleven a cabo inversiones y proyectos empresariales que generen verdadera riqueza y puestos de trabajo, relegando los subsidios a lo que realmente deben ser: ayudas limitadas en el tiempo y absolutamente excepcionales.

Enric Rubio i Gallart
Advocat – Doctor en Dret

Aquest lloc web empra cookies per a que vosté tingui la millor experiencia d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’aceptació de la nostra política de cookies, faci click a l’enllaç per a una major información a plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies