Los clientes deberan asumir los costes del Impuesto sobre las hipotecas

Los clientes deberan asumir los costes del Impuesto sobre las hipotecas

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido este martes por 15 votos a favor y 13 en contra que son los clientes quienes deben asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados -impuesto sobre hipotecas.

Tan sólo dos semanas después de la conocida sentencia de 16/10/2018, el Tribunal Supremo se desdice del criterio recientemente fijado y vuelve a su anterior doctrina favorables a las entidades bancarias, en virtud de la cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (y, por tanto, el obligado a su pago) en los préstamos hipotecarios es el prestatario o consumidor.

Rectificación- El Tribunal recula y modifica su decisión

Rectificación- El Tribunal recula y modifica su decisión

En relación a la última noticia que publicamos, les informamos que el mismo viernes 19/10/2018, el Tribunal Supremo retrocedió y anunció que revisaría su decisión sobre quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (el prestamista o el prestatario) en la formalización de los préstamos hipotecarios por la enorme “repercusión económica y social” que ésta implicaba. Posiblemente, esta revisión se produzca durante esta semana, por lo que estaremos atentos a la segunda resolución que se dicte al respecto y procederemos a informarles de la misma en cuanto la conozcamos.

El Tribunal Supremo cambia de criterio

El Tribunal Supremo cambia de criterio

 Es el Banco y no el cliente quien debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios

El pasado 16/10/2018 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó Sentencia mediante la cual concluye que es el prestamista (es decir, la entidad financiera) quien debe correr con el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no el prestatario (consumidor). En este caso, los Magistrados entienden que el negocio objeto de inscripción es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y ulterior inscripción de dicho negocio es el Banco.

El Fallo de la Sentencia modifica la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo que interpreta el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y su Reglamento, hasta el punto que anula el artículo 68.2 del Reglamento, que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto, al entender que es contrario a la Ley.

Polémica por la regulación de 112 patios interiores y su uso comercial

Polémica por la regulación de 112 patios interiores y su uso comercial

El nuevo POUM prevé regular 112 patios centrales de islas de viviendas en el Clot de les Granotes y Pardinyes para convertirlos en zonas verdes, medida que supuesto una alud de alegaciones por parte de los pequeños comerciantes, ya que esta medida supondría que en muchos bajos comerciales hubieran de limitar la superficie.

Un conjunto de nueve ciudadanos presentaron una alegación conjunta, y son representados por el abogado Enric Rubio, que alega que esta medida provocaría un impacto comercial, social y económico de gran magnitud.

La alegación presentada asegura que en algunos casos, estas zonas verdes serán inviables por falta de luz solar además, en otras ciudades como Barcelona o Berlín, donde estos proyectos han prosperado después de que un estudio justificara su implementación. En el caso de Lleida no ha sido así.

Primera condena de la Audiencia por cláusulas suelo con empresas

Primera condena de la Audiencia por cláusulas suelo con empresas

Obligan a un Banco a devolver 20.000 € a una promotora por falta de información.

La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado la primera sentencia condenatoria por la que anula una cláusula suelo contenida en un préstamo hipotecario suscrito por una promotora inmobiliaria, obligando al Banco a devolver a la misma las cantidades abonadas hasta la fecha por la aplicación de la citada cláusula suelo.

La empresa, defendida por el Abogado Enric Rubio, recurrió la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Lleida (que inicialmente desestimó la demanda) ante la Audiencia Provincial de Lleida, al considerar que en ningún momento se había informado al empresario de la existencia de la cláusula suelo contenida en dicho préstamo, infringiendo de este modo la buena fe contractual.

La Audiencia Provincial de Barcelona da la razón a un empresario de Sabadell

La Audiencia Provincial de Barcelona da la razón a un empresario de Sabadell

No deberá de satisfacer ninguna compensación ni prestación a su exmujer con motivo del divorcio

La Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado, recientemente, una sentencia por la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por la exmujer de un empresario de Sabadell. En concreto, mediante el referido recurso, la exmujer reclamaba que se le reconociera una compensación económica por razón del trabajo por un importe de 350.000€, a cargo del exmarido, al haber trabajado por él con una retribución inferior insuficiente por las tareas que desempeñaba.

A pesar de que el marido ostenta hasta 15 centros de peluquería en todo el territorio nacional, la Audiencia valora y cuantifica el patrimonio de ambos cónyuges, conformado, mayoritariamente,  por un conjunto inmobiliario ubicado en la ciudad de Lleida, y considera que las atribuciones patrimoniales realizadas a favor de la esposa, a lo largo del matrimonio, superan con creces cualquier diferencia patrimonial que pueda haber entre las dos partes, por la cual cosa concluye que no le corresponde percibir ningún importe en concepto de compensación económica por razón del trabajo.

Además, la Audiencia Provincial de Barcelona estima el recursos de apelación interpuesto por el empresario, representado por el abogado Enric Rubio, ya que considera que el divorcio no provocó ningún desequilibrio económico entre las partes, por la cual cosa deja sin efecto la prestación económica que el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Sabadell le reconoció en primera instancia por un importe de 1.200€ mensual durante 3 años.

El bibliotecario del Instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida despedido por enviar fotos eróticas a alumnos

El bibliotecario del Instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida despedido por enviar fotos eróticas a alumnos

Alumnas del Instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida declararon ante el Juez de Instrucción que el bibliotecario del centro les había enviado fotografías eróticas. El monitor lo reconoció y fue despedido. Está en libertad provisional con cargos y tiene prohibido acercarse al centro.

El monitor fue contratado por el AMPA y llevaba 12 años trabajando en el instituto. La asociación de padres y madres, representada por el abogado Enric Rubio, se personó en la causa.

Las estudiantes denunciaron el caso para evitar que se produzcan más acosos de este tipo.

El Tribunal Supremo veta la posibilidad de litigar al consumidor

El Tribunal Supremo veta la posibilidad de litigar al consumidor

El pasado miércoles, 11 de abril de 2018, el Tribunal Supremo dictó Sentencia estimando el Recurso de casación interpuesto por la entidad financiera IBERCAJA BANCO, S.A.U. contra la Sentencia dictada el 13/12/2016 por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante un contrato privado suscrito entre el cliente y la referida entidad financiera.

En dicha resolución, el Alto Tribunal ha otorgado plena validez al contrato privado que fue suscrito entre las partes (entidad financiera y consumidor) mediante el cual se procedió a rebajar la cláusula suelo contenida en la hipoteca a cambio de que el cliente renunciara a emprender acciones legales contra la entidad.

Aunque las cláusulas suelo no son ilícitas, sí se consideran abusivas y, por tanto, nulas, cuando han sido incorporadas en la escritura de préstamo hipotecario sin que el Banco haya informado adecuadamente al cliente, incumpliendo su deber de información y de transparencia para con él. En el caso antedicho de IBERCAJA, el Tribunal Supremo ha considerado que sendas partes estuvieron conformes en suscribir aquél pacto privado, hasta el punto de que el cliente era conocedor y consciente del mismo, concluyendo que dado que el Banco cumplió adecuadamente su deber de información y transparencia, el pacto privado suscrito resulta válido a todos los efectos.

Ley de Segunda Oportunidad

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El Tribunal Supremo unifica doctrina en materia de pensión de viudedad en personas separadas o divorciadas

El Tribunal Supremo unifica doctrina en materia de pensión de viudedad en personas separadas o divorciadas

Recientemente, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina en materia de pensión de viudedad en personas separadas o divorciadas. Se trata de la Sentencia número 895/2017, de 15 de noviembre de 2017, que analiza los requisitos legales para que una persona separada o divorciada judicialmente pueda percibir la pensión de viudedad de la Seguridad Social en el caso de fallecimiento del que fuera su cónyuge.

Según establece la Ley General de la Seguridad Social, para que las personas separadas o divorciadas puedan percibir una pensión de viudedad es necesario que tuvieran reconocida una pensión compensatoria. La discusión se suscita en torno a aquellos casos en los que no hay fijada una prestación de ejecución continuada y periódica, sino que es de pago único.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha resuelto que una pensión en modalidad de pago único no puede considerarse una pensión compensatoria, porque no es una prestación duradera y sucesiva, de ejecución continuada y periódica, sino una prestación única a satisfacer de una sola vez y en un tiempo predeterminado.

La consecuencia de esta doctrina es que las prestaciones de pago único, al no considerarse pensiones compensatorias, impiden el acceso a la pensión de viudedad. Ello hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de surgimiento de la crisis matrimonial, pues a la hora de pactar las concretas atribuciones patrimoniales habrá que valorar cómo afectarían a una eventual pensión de viudedad, en especial, para el cónyuge más perjudicado económicamente por la ruptura.

Cinco años y medio para el cazador que mató un agricultor en Tarrega

Cinco años y medio para el cazador que mató un agricultor en Tarrega

Durante los días 24 a 29 de noviembre se celebraron las sesiones del juicio oral a raíz de la muerte de un agricultor de manos de un cazador en Santa Maria de Montmagastrell. Rubio Advocats defendía los intereses de los hermanos de la víctima y finalmente se solicitó que el acusado fuera condenado como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio doloso.

A lo largo del juicio, el acusado mantuvo que el disparo se había producido accidentalmente durante un forcejeo con la víctima. No obstante, finalmente el Jurado consideró que esta versión era insostenible y en fecha 1/12/2017 emitió veredicto de culpabilidad. La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado Sentencia condenando al acusado a 5 años y 6 meses de prisión, aplicando el agravante de abuso de superioridad y la atenuante muy cualificada de reparación del daño, pues antes del juicio hizo frente a las indemnizaciones a la hija y a los tres hermanos de la víctima.

 Si quieres más información del caso, sigue nuestros post’s anteriores haciendo click aquí. 

Un matrimonio, acusado de poner clavos en un camino

Un matrimonio, acusado de poner clavos en un camino

Rubio Abogados actúa como acusación particular en un juicio en que un matrimonio es acusado de poner clavos en un camino donde vivía y provocar más de 130 pinchazos en sus vecinos.

Un matrimonio es acusado de poner clavos y agujas en un camino de forma reiterada ocasionando hasta 130 pinchazos en sus vecinos entre enero de 2014 y octubre de 2015. A pesar de la negativa de los acusados, la Fiscalía probó los hechos y los acusó de delitos continuados de daños con un pago de 10.800€ además de indemnizar con más de 3.800€  más a los denunciantes, representados por Enric Rubio que pide que la multa se eleve a 21.600€.

Condenan Bankia a indemnizar una pareja por un piso inacabado

Condenan Bankia a indemnizar una pareja por un piso inacabado

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Lleida ha condenado la entidad financiera BANKIA a indemnizar a un matrimonio que había adquirido un piso en construcción en Vilanova de la Barca. La pareja, defendida por el abogado Enrique Rubio, había entregado a la constructora 29.000 € y esta les había depositado en una cuenta. La constructora quedó inactiva y quebró, por lo que no pudo entregar el piso ni tampoco devolver el dinero.

El Juez, basándose en una ley de 1968, considera que BANKIA incumplió su obligación legal de exigir un seguro o aval para garantizar el retorno del dinero que los compradores habían entregado a cuenta, caso de que el obra, por cualquier motivo, no finalizara. En este sentido, el juicio quedó acreditado que la entidad sabía que los compradores ingresaban en su cuenta cantidades en concepto de entregas a cuenta, hasta el punto que financiaba la promoción y para poder desembolsar toda la financiación era necesario que la promotora acreditara ventas sobre plano.

Condenan a un Banco por vender un producto tóxico

Condenan a un Banco por vender un producto tóxico

Debe devolver a un cliente los 15.480 euros que perdió por no haberle informado correctamente.

La Audiencia Provincial de Lleida ha condenado DEUTSCHE BANK a devolver a un cliente los 15.480 euros más los intereses que perdió a raíz de la adquisición de un producto financiero tóxico. El Tribunal ha revocado la sentencia que absolvió inicialmente la entidad y ha estimado el recurso presentado por el demandante, representado por el Abogado Enrique Rubio, al considerar que el Banco no le informó correctamente de los riesgos que conllevaba el producto financiero que estaba adquiriendo .

El demandante adquirió en 2007 unas acciones de un valor denominado twin win (doble oportunidad). Se trata de un producto estructurado y vinculado a índices bursátiles que, en caso de descenso de éstos, representan pérdidas para el inversor, por lo que, según la Audiencia Provincial, “lo que se estaba haciendo era una apuesta “. En este tipo de casos, el Tribunal considera que cualquier cliente “debe conocer como está previsto que puedan evolucionar cada uno de los índices (…) y no consta, sin embargo, que al demandante se le hubiera hecho ni el más mínimo comentario respecto de la posible evolución “, por lo que la información que se le dio fue” insuficiente “.

Asimismo, añade que los empleados del Banco ofrecieron al cliente “una alta rentabilidad y la existencia de una barrera de protección, lo que, sin lugar a dudas, influyó de manera decidida para que prestara su consentimiento en la  adquisición “.

De esta forma, el Tribunal obliga al Banco a devolver el dinero de la inversión.

Condenan a un Banco a devolver 55.000 euros

Condenan a un Banco a devolver 55.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Lleida ha condenado Targobank (anteriormente Banco Popular) a devolver 55.000 euros a una octogenaria tras declarar la nulidad de dos órdenes de compra de bonos subordinados convertidos en acciones del Banco. La Juez ha estimado la demanda presentada por la mujer, representada por el Abogado Enrique Rubio, al considerar, entre otros aspectos, que hubo un vicio de nulidad en el consentimiento (defectos y errores en el proceso de adquisición de estos buenos), ya que no se realizó un estudio detallado del perfil de la clienta como inversora ni se le informó debidamente del producto y de los riesgos que suponía su adquisición. Concretamente, afirma que “hubo un error esencial excusable en la adquisición del producto y, por tanto, se estima la nulidad del contrato”. El Banco Popular emitió en 2009 unos bonos convertibles en acciones del propio Banco con el objetivo de obtener un mínimo de liquidez. Para hacer atractiva esta emisión prometió una remuneración de un 7% pero no informó debidamente a sus clientes de los elevados riesgos de la operación, que provocaron posteriormente importantes pérdidas a los clientes con el dinero que habían invertido.

En este caso, la Juez afirma que “ha quedado acreditado que un producto tan específico como el presente no lo solicitó la clienta, sino que se lo ofreció la entidad bancaria”. La titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Lleida también añade que “no se le prestó la información precontractual con antelación para que pudiera analizarla”. El Juzgado recuerda que la entidad “incumplió sus deberes de información y diligencia, ya que ofreció un producto con un nivel de riesgo no adecuado, teniendo en cuenta el resto de sus inversiones, ya que no se ajustaba a los otros productos que tenía y no consta que la demandada se asegurara de tener esta información al suscribir el producto “.

Piden 3 años de cárcel y multa de 2 millones de euros a un constructor

Piden 3 años de cárcel y multa de 2 millones de euros a un constructor

La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan de fraude fiscal a un constructor leridano y piden una condena de 3 años de prisión y la imposición de una multa de 2 millones y medio de euros, al considerar que había eludido el pago de 526.000 € en 2009.

El acusado negó que hubiera eludido el pago, indicando que, ante la situación económica de su empresa, hizo lo que le obligó Caixa Sabadell, con la que tenía una deuda por la construcción de una promoción de 40 viviendas .

La defensa, representada por el abogado Enric Rubio, solicitó la absolución al considerar que el constructor en ningún momento tuvo la finalidad e intención de defraudar, ya que nunca pudo disponer del dinero dado que Caixa Sabadell los destinó a saldar la deuda y pagar a la constructora.

Cuatro leridanos llevan al Banco Popular a los tribunales por 280.000 en acciones

Cuatro leridanos llevan al Banco Popular a los tribunales por 280.000 en acciones

El pasado miércoles 7 de junio el banco Santander compró por sólo 1 € el Banco Popular a raíz de la quiebra de la entidad. Esta operación financiera ha supuesto la pérdida del 100% de la inversión ya que las acciones del Banco Popular han dejado de tener valor al haber sido dadas de baja.

A raíz de la quiebra, al menos 4 leridanos presentarán demandas en el juzgado contra el Banco Popular para intentar recuperar los 280.000 € que habían invertido en acciones y que han perdido.

Un banco es condenado a devolver 120.000€ a una correduría leridana

Un banco es condenado a devolver 120.000€ a una correduría leridana

El Tribunal Supremo ha condenado a la Caja de Ahorros del Penedès, actualmente Banco Mare Nostrum, a vuelve una correduría de seguros de Lleida 120.000 € al anular dos contratos bancarios tipo swaps.

El swap es un producto financiero adherido a una hipoteca o crédito que los bancos ofrecían como una especie de seguro antipujada del tipo de interés. Si el interés subía y sobrepasaba el importe establecido, el banco devolvía el dinero al cliente, ahora bien, si lo que pasaba era al revés, el cliente tenía que devolver el dinero al banco.

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