Absuelven dos acusados de no investigar una paliza

Absuelven dos acusados de no investigar una paliza

Dos mossos juzgados después de una agresión de policías locales en Vila-seca a un leridano. Les pedían dos años y medio de cárcel.

La Audiencia de Tarragona ha absuelto al intendente Jaume Morón, exresponsable de los Mossos en el Tarragonés y al sargento leridano Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-seca que clavaron una paliza a un vecino de Lleida en enero de 2013, que resultó gravemente herido. El tribunal, en el cual uno de los magistrados ha emitido un voto particular, determina que “no se aprecia una voluntad clara y decidida de no querer investigar los hechos”. También garantizan que “no se entrevé ningún motivo o interés de los acusados en ocultar los hechos investigados […] ni tampoco se acredita ningún móvil que hubiera podido inducir a los acusados a ocultar intencionadamente datos relevantes para la investigación.

La Fiscalía afirmaba que evitaron impulsar la investigación y obviaron información clave con el objetivo que el juzgado archivara el caso. Concretamente, decía que el intendente Morón obligó una responsable dejar la investigación y cederla al sargento, que obvio al juzgado informaciones clave.

El Ministerio Público, que inicialmente pedía una condena de 5 años de cárcel por los delitos de falsedad documental del deber de perseguir delitos, rebajó la petición a sendas penas de dos años y medio de cárcel, ya que consideraba el atenuante de dilaciones indebidas.

El leridano Enric Rubio, letrado de Cunillera, decía ayer que “estamos muy satisfechos porque se ha demostrado su inocencia después de cuatro años muy duros porque han estado acusados de uno de los delitos más grandes de que pueden acusar un policía como es el de no perseguir delitos”

En cuanto al magistrado que ha emitido el voto particular, considera que en los informes hubo “omisiones que tuvieron que ser deliberadamente sesgadas y movidas con el propósito de ocultación de responsabilidades con la única finalidad de cubrir a los agentes de la policía local”. Considera que habían de haber estado condenados a un año y medio de cárcel e inhabilitados. La sentencia puede ser recorrida delante del Tribunal Superior de Justicia (TSCJ).

Políticas que empobrecen

Políticas que empobrecen

El pasado viernes 29 de mayo el Gobierno estatal, a través de un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que la crisis del coronavirus ha acelerado. Como dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se trata de una “prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes no los tienen” o, en otras palabras, también suyas: “Es una renta garantizada en toda España que se considera el mínimo imprescindible para garantizar unas condiciones de dignidad”.

Su importe varía en función de la situación de los hogares, influyendo el número de personas que vivan en él y los menores a cargo, e irá de los 462 € a los 1.015 € mensuales y se distribuirá en 12 pagas. Podrán solicitarlo las personas que el año anterior hayan tenido unos ingresos por debajo de la renta garantizada anual, así como aquellas que, en lo que llevamos del año actual, presentan una cantidad inferior a ese umbral. Además, se ha fijado un límite referido al patrimonio neto sin tener en cuenta la vivienda habitual. Los solicitantes deberán tener entre 23 a 65 años y contar al menos con un año de residencia en España. También podrá pedirse a partir de los 18 en el caso de que se tenga a un menor a cargo.

El Gobierno estima que beneficiará a cerca de 850.000 familias (en torno a 2,3 millones de personas) y que tendrá un coste de 3.000 millones al año. Una de las incógnitas es de dónde saldrá el dinero para cubrir el Ingreso Mínimo Vital. Al respecto, a nadie se le escapa que los presupuestos públicos son finitos, de modo que dependerá de los ingresos disponibles y de la priorización que haga el Gobierno del conjunto de gastos. Es decir, o se aumentan los ingresos (ya sea vía impuestos o emisión de deuda pública), o se eliminan o posponen otras partidas de gasto. Desde luego, toda medida que se adopte para reducir las tasas de pobreza bienvenida sea, pero conviene no llevarse a engaño, pues el Gobierno no es precisamente quien genera principalmente la riqueza y el desarrollo de un país y menos aún con medidas de corte populista, bajo la perspectiva de reducir la pobreza, pero que, en realidad, pueden conducir a hacerla más endémica, en el sentido de generar un amplio sector de la sociedad que acaba viviendo del subsidio y de las ayudas, sin apenas esfuerzo, ilusión, ni perspectivas vitales.

En realidad, quien realmente genera la riqueza de un país son los autónomos y los pequeños empresarios que no entienden de horas ni de horarios, que lo arriesgan casi todo para poner en marcha o dar continuidad a ese proyecto empresarial que les quita el sueño y que, a la postre, son los que, con esfuerzo y dedicación, crean los necesarios e imprescindibles puestos de trabajo que dignifican a las personas. El Gobierno puede adoptar medidas concretas de estímulo para la economía y también puede crear ayudas concretas y excepcionales, pero presentar el denominado Ingreso Mínimo Vital como una medida de gran alcance y calado como hizo el vicepresidente, no es lo que más conviene a una sociedad con más de tres millones de parados y donde nuestros jóvenes universitarios, en su mayoría, han de emigrar a otros países para poder encontrar un empleo, por lo que el Ingreso Mínimo Vital, más allá de ser excepcionalmente necesario para atajar la pobreza severa, especialmente la infantil, no ha de ser una medida que acabe por estimular una sociedad de pobres que dependen, mes a mes, del subsidio estatal aprobado y sostenido por los políticos, no sea que acabemos como otros países con grandes posibilidades económicas debido a sus recursos naturales, pero donde hay un amplio sector de la sociedad que vive de las ayudas públicas.

Sentado lo anterior, sería bueno que el Gobierno desvelara como afrontará ese coste que dice rondará los 3.000 millones de euros, por lo que, junto al anuncio de la medida, lo razonable y conveniente hubiera sido el anuncio de otras medidas que vayan en la línea de ayudar a los autónomos y pequeñas empresas, más allá de los ERTES que, por el momento, les han permitido mantener los puestos de trabajo. En este sentido, no es ningún secreto que la falta de liquidez conlleva un aumento de la morosidad. Antes del COVID-19, con carácter general, los autónomos y las pymes eran los que más sufrían los impagos de sus proveedores, sobre todo de las grandes compañías y de las administraciones públicas (AA. PP.). Según un estudio llevado a cabo recientemente por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ahora son precisamente los autónomos y las PYMES los que no pueden afrontar los pagos debido a la falta de liquidez derivada de la crisis sanitaria. Indudablemente, el cierre de los establecimientos, la falta de actividad absoluta desde mediados de marzo, el funcionamiento al ralentí durante estos días de desescalada, asociado al mantenimiento de la plantilla, son elementos que generan preocupación en las empresas ante un futuro muy incierto.

Desde la mencionada Plataforma, en las últimas semanas se han presentado multitud de propuestas para inyectar liquidez, todas ellas sin riesgo ni coste, ni garantías colaterales para las arcas públicas y las empresas. Entre otras, que el Gobierno devuelva los IVAs pendientes de compensar; que cree una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus. Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y asegurar los cobros y los pagos, se estaría inyectando savia desde la raíz a todo el entramado empresarial, generándose la necesaria cadena de pagos y la circulación del dinero.

En definitiva, durante los últimos meses, como consecuencia del COVID-19, el Gobierno ha adoptado muchas medidas para hacer frente a una crisis sanitaria cuyo alcance, al igual que en otros países de nuestro entorno, no había previsto ni de lejos, pero le queda muchísimo trabajo por hacer en el plano económico, sin que el Ingreso Mínimo Vital pueda enmascarar la necesidad de adoptar medidas que permitan realmente hacer frente a su coste y generar la confianza necesaria para que se lleven a cabo inversiones y proyectos empresariales que generen verdadera riqueza y puestos de trabajo, relegando los subsidios a lo que realmente deben ser: ayudas limitadas en el tiempo y absolutamente excepcionales.

Enric Rubio i Gallart
Advocat – Doctor en Dret

Keep Calm

Keep Calm

Los dispositivos electrónicos nos dan acceso a casi todo, o eso creemos, y esa inmediatez es precisamente su golosina. Nos comunicamos con quien queremos y a la hora que queremos, por lejos que esté. Mandamos y recibimos fotos y videos a la velocidad de la luz, o los colgamos en cualquier plataforma para mostrar dónde hemos viajado o lo que somos capaces de hacer. No hay que ir a ese comedor silencioso de cada casa, al que antaño iban nuestros padres, para coger uno de esos volúmenes pesadísimos y buscar el significado de tal o cual palabra, la biografía de un determinado personaje o el mapa de ese país lejano. Hoy en día, esas enciclopedias ni siquiera son ya decorativas sino un vestigio del pasado en el que se acumula el polvo. Google nos proporciona todo eso y lo hace en décimas de segundo. Lo mismo ocurre con el comercio. Cualquier cosa es posible adquirirla utilizando el móvil, la Tablet o el ordenador personal. En tan solo un par de días, unas horas o unos minutos alguien desconocido pulsa el interfono de tu casa y te la entrega personalmente. Es más, la aplicación correspondiente te informa de donde está tu pedido y, si es comida rápida, si está ya en preparación y el tiempo estimado que resta para su entrega. El día que la conexión de internet es débil y esa información no fluye con la rapidez habitual, nos desesperamos.

Lo queremos todo para ya y tenemos acceso inmediato a todo y, sin embargo, debido a la globalización y al consumismo, quizás formemos parte de las generaciones que, en realidad, más esperan. Es un contrasentido, pero hacemos colas en el banco o en los cajeros, en el cine o en el teatro, para acceder a un concierto o coger un avión. Esperamos nuestro turno en esa parada de taxi o en el supermercado, ya sea en pescadería, carnicería o al pasar por caja. Quien no se acuerda de las interminables colas que hicimos en ese parque de atracciones. Eso sí, nada es comparable a la espera a que nos somete la actual pandemia del coronavirus y que nos obliga a estar confinados en nuestros hogares. Por duro que sea, hay que mantener la calma, aun siendo conscientes de las terribles consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

Mientras tanto y con ánimo de amortiguar la gravedad de la situación, estamos asistiendo a un cúmulo de nuevas normas que indudablemente son necesarias e imprescindibles pero que, lejos de aportar seguridad jurídica, son fruto de la rapidez y de la improvisación y cuya redacción es más que discutible. El coronavirus lo supera todo y puede entenderse la motorización legislativa a la que asistimos. No obstante, la inicial declaración del Estado de Alarma y los subsiguientes Reales Decretos, son un buen ejemplo de imprecisión y falta de claridad, fruto, de su redacción veloz ante la falta de toda previsión estratégica. A pesar de que su objetivo es dar respuesta concreta a las fatales consecuencias de este tsunami, su contenido es abigarrado, contradictorio y genera innumerables dudas que tratan de clarificarse con nuevas normas que corrigen las dictadas apenas unas horas antes. Desde luego, la crisis generada por el COVID 19 provocará una avalancha de procedimientos en nuestros tribunales, pero muchos de ellos serán también para solucionar las diversas interpretaciones, sobre el alcance y concreción de las pretendidas soluciones, que anuncian y desarrollan esos Reales Decretos dictados ex profeso.

El tiempo es imparable y nuestros proyectos vitales también, por mucho que el camino se tuerza o que surja algo imprevisible y aterrador como lo que estamos viviendo. Lo importante es evitar que la desesperación aflore y, con ella, la pérdida de capacidad de concentración y reacción. Los vientos feroces nos obligan a sujetar fuerte el timón para mantener el rumbo y capear el temporal, sin que los nervios y el miedo nos devoren. Por ello y a pesar de todo, keep calm, no queda otra.

Enric Rubio i Gallart
Abogado – Doctor en Derecho

Exculpada de la muerte de un niño en unas piscinas de Les Borges

Exculpada de la muerte de un niño en unas piscinas de Les Borges

Los forenses determinan que el menor, de 7 años, falleció de forma súbita por una cardiopatía congénita. Archivan la causa contra una monitora por estos hechos

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha archivado la causa penal contra una monitora por la muerte de un niño de 7 años en la piscina del Club Tennis Borges Blanques el 16 de agosto de 2018. En el auto que acuerda el sobreseimiento libre de la causa, el magistrado señala que no se aprecia que la monitora investigada cometiera ningún delito, como el de homicidio por imprudencia grave por el que estaba imputada, ya que, concluye, la muerte del menor no fue por ahogamiento sino por una insuficiencia cardiorrespiratoria “con probabilidad de origen cardíaco”. Según explicó ayer el abogado de la monitora investigada, Pau Simarro, los forenses han determinado que el niño falleció a causa de una cardiopatía congénita y el juez ha determinado que su defendida no cometió ningún delito ni tampoco ningún “acto de irresponsabilidad”. Simarro destacó que el auto señala que la conducta de la monitora no podría haber evitado la muerte del niño, que, según el juez, se produjo “de forma súbita”.

La decisión del juzgado de Instrucción 2 llega después de que la Fiscalía archivara en 2018 la causa contra otro monitor, menor de edad, al no apreciar delito. Ambos monitores trabajaban para la empresa Associació Esportiva Esport Actiu, que gestionaba un casal deportivo en el que participaban diez niños. Enric Rubio, el abogado de la empresa, valoró que “se ha demostrado que la entidad no incurrió en ninguna negligencia, que cumplía con todos los requisitos y que fue una desgracia ajena a la actividad deportiva”. La víctima, vecino de Els Omellons, falleció el 16 de agosto de agosto de 2018 en la piscina del Club Tennis Borges durante un cursillo de natación con otros nueve menores.

“El niño no falleció ahogado, sino por una cardiopatía, y la conducta de la monitora no podría haberlo evitado”

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Lleida archivó la causa penal contra 3 socorristas investigadas por la muerte de un niño de 6 años que se ahogó en las piscinas municipales de Tàrrega en junio de 2018. La familia de la víctima recurrirá al entender que hubo negligencia. La familia del niño fallecido recurrirá el auto del juzgado de Instrucción 2 de Lleida ante la Audiencia Provincial al entender que hubo “negligencia” por parte de los monitores y del club deportivo. El abogado de la familia, Xavier Prats, señaló ayer a este diario que mantienen que hubo “omisión y dejadez en las obligaciones” de los dos monitores que vigilaban a los niños en el cursillo y no se daban las medidas de seguridad necesarias en el centro. Asimismo, insistió en que no había ningún responsable de la empresa que organizaba la actividad, por lo que, consideró, “hubo una negligencia”. El archivo de la causa no es firme y en el auto el juez instructor señala que la familia del menor fallecido puede emprender las acciones civiles o administrativas que considere necesarias.

Juzgan dos responsables de los mossos acusados de no investigar la paliza a un leridano

Juzgan dos responsables de los mossos acusados de no investigar la paliza a un leridano

Los hechos tuvieron lugar en Vila-Seca y uno de los inculpados es un sargento de Lleida

La Audiencia de Tarragona inició ayer el juicio contra el intendente Jaume Morón, exresponsable de los Mossos en el Tarragonés y al sargento leridano Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-Seca, que clavaron una paliza a un vecino de Lleida en enero del 2013. La Fiscalía afirma que los acusados evitaron impulsar la investigación y obviaron informaciones clave con el objetivo que el juzgado archivara el caso, por la cal cosa pide una condena de cinco años de cárcel, siete de inhabilitación y 7.200 euros de multa por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental. En cambio, las defensas solicitan la absolución. Enric Rubio, letrado de Cunillera, aseguró ayer a este periódico que “actuaron correctamente y niegan cualquier negligencia”. Está previsto que los dos acusados declaren mañana.

Ayer declaró el responsable que inició la investigación de la paliza. Explicó que las gestiones que realizaba las trasladaba al sargento Cunillera, su superior, para mantenerlo informado. Según declaró, el sargento le pidió reunirse con intendente que, según su versión, le pidió que revelara la identidad del informador (un policía local). Ella dijo que se negó aduciendo que “ponía en peligro y partía de la confianza de esta fuente”, y añadió que la “cerraban sistemáticamente” para hablar del caso. Finalmente, la responsable dejó el caso en manos del sargento. Fiscalía dice que Cunillera y Morón actuaron sabiendo que, con los pocos datos aportados, el caso se archivaría, como sucedió.

Condenados a devolver 304.242€ por casas que no se hicieron en Almacelles

Condenados a devolver 304.242€ por casas que no se hicieron en Almacelles

Dos bancos a las seis familias afectadas

El Tribunal Supremo condena al BBVA y al Banco de Sabadell a devolver 304.242 euros a seis familias que avanzaron esta cantidad en total por la compra de seis cases en Almacelles que nunca llegaron a construirse. Las familias afectadas avanzaron diferentes cantidades a la promotora, Habitatges Roure-Arnó, entre los años 2005-2006 como avance para la construcción de las adosadas en un solar entre las calles Àngel Guimerà y la carretera de Sucs. Asimismo, la constructora hizo un concurso voluntario de creedores.

Las familias afectadas, representadas por el letrado Enric Rubio, del despacho Rubio Abogados, inició un batalla judicial contra Caixa Penedés (después Banco Sabadell) y Caixa Cataluña (después BBVA), las entidades que estaban detrás de la operación, al considerar que no exigieron a la promotora-constructora un aval o un seguro que garantizara el retorno del dinero en caso de no poder entregarse las viviendas. El juzgado de Primera Instancia 4 de Lleida desestimó la demanda el 2015 y, posteriormente, la Audiencia de Lleida solo la estimó parcialmente. Las familias recorrieron en la sala civil del Tribunal Supremo, que ahora les ha dado la razón. El Supremo considera que los dos bancos “conocían o tenían que conocer que en la cuenta del promotor se estaban realizando ingresos de los afectados por comprar las casas, ya que era la misma en que se pagaba el préstamo hipotecario concedido para la promoción de viviendas”. De esta forma, el alto tribunal concluye que “es precedente estimar la responsabilidad por la restitución de todas las cantidades que los compradores ingresaron”. En Banco Sabadell debe devolver 152.698,12 euros y el BBVA, 151.544 euros.

Dos empresarios pagaran 420.000 euros por la muerte de un chico de Lleida

Dos empresarios pagaran 420.000 euros por la muerte de un chico de Lleida

Aceptan sendas condenas de cinco meses de prisión // El empleado, de 29 años y vecino de Lleida, murió por culpa del impacto de una pala de carga a Esplús.

El Juzgado Penal número 2 de Huesca ha condenado a sendas penas de cinco meses de prisión a dos empresarios por el accidente laboral mortal de un vecino de Lleida el 25 de mayo del 2016 a Esplús a causa del impacto de una pala de carga. Los dos condenados también pagarán una indemnización de 420.000 euros a los familiares de la víctima, representados por el letrado Enric Rubio, como autores de un delito social en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave.

Fue un juicio por conformidad que se celebró después del acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular y también se acordó la suspensión de la pena de prisión por un periodo de 2 años con la condición que no delincan en el mencionado plazo y abonen la suma fijada en concepto de responsabilidad civil.

El accidente se produjo hacia las 14.00 horas en una finca de Esplús cuando el empleado trabajaba con una pala cargadora y comprobó que perdía aceite del sistema hidráulico del brazo cargador. El hombre procedió a reparar la avería parando la pala con la cuchara levantada y colocándose debajo. Solicitó la ayuda de otro empleado para cambiar el tubo que goteaba y, al aflojar una tuerca, el tubo saltó y dejó el circuito sin aceite, «lo cual produjo la caída automática de la cuchara sobre el trabajador», según consta en la sentencia.

Por todo esto, la juez, con la conformidad de las partes, ha determinado que «el accidente se produjo por no seguir las instrucciones del fabricante en las tareas de mantenimiento, al haber realizado trabajos de reparación bajo la cuchara de la pala suspendida, sin haber asegurado los brazos sobre un apoyo ni accionado un sistema de bloqueo del bastidor de elevación».

Así, los dos empresarios han sido condenados a 5 meses de prisión y al pago de 420.000 euros en concepto de responsabilidad civil

 

Archivan la causa contra la cúpula de los Mossos en Lleida por el 1-O

Archivan la causa contra la cúpula de los Mossos en Lleida por el 1-O

La abrió de oficio un juez el día del referéndum e investigaba al comisario Monclús y a tres mandos por supuesta inacción. Se ha sobreseído porque no hay delito

El juzgado de Instrucción 4 de Lleida ha acordado el “sobreseimiento provisional y el archivo” de las diligencias penales contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra en Lleida en la causa abierta por el 1-O. Cuatro mandos, entre ellos el comisario Xavier Monclús, eran investigados por los supuestos delitos de desobediencia, revelación de secretos y falsedad documental. Se trata del mismo caso que la Audiencia Nacional ya rechazó asumir al considerar que los investigados tampoco habían incurrido en un delito de sedición, por lo que la magistrada Carmen Lamela lo devolvió al juzgado de Instrucción 4, que tras analizarlo, ha decidido archivarlo provisionalmente.

El juzgado, que inició la causa de oficio el mismo día del referéndum, investigaba si por parte de la cúpula policial existió “una deliberada actitud pasiva, planificando un servicio que aparentase el cumplimiento de las órdenes judiciales pero claramente insuficientes para el cumplimiento efectivo de las mismas, así como una actitud proactiva favorecedora de la realización de la consulta”. Para la Guardia Civil, que se encargó de las diligencias, “habrían desobedecido las órdenes del TSJC” y “colaboraron de forma activa en la celebración del referéndum ilegal, sirviendo sus dotaciones para identificar y desvelar la posición del resto de cuerpos y dar auxilio a las asociaciones civiles”. Sin embargo, el juez determina que “se movilizaron todos los efectivos disponibles (608) y se pusieron a disposición del cumplimiento del plan operativo”, que no se ha “acreditado indicio alguno de que los investigados tuvieran poder de dirección o control sobre el dispositivo planteado o ejecutaran orden alguna” y que no se falsificaron actas. El juez concluye que el conjunto de indicios “no permiten su subsunción en los tipos investigados, por lo que procede el sobreseimiento provisional”. Uno de los abogados de los mandos policiales, Enric Rubio, se mostró satisfecho “porque el juez ha creído la versión que siempre han mantenido los investigados”.

Condena de 60.000 euros por tildar una empresa de morosa sin serlo

El juzgado de primera instancia número 8 de Lleida ha condenado a Banco Mare Nostrum (ahora Bankia) y a Experian Bureau de Crédito a indemnizar con 60.000 euros a una correduría de seguros de Lleida por haber vulnerado su derecho al honor “causando un menoscabo grave al prestigio profesional”, al haberla incluido de forma indebida y reiterada, durante seis años, en un fichero de morosidad. La magistrada ha estimado la demanda de una empresa de Lleida, representada por el abogado Enric Rubio, que denunciaba la inclusión indebida de sus datos en un fichero de morosos, concretamente, al registro de solvencia patrimonial de Badexcug, partiendo de datos erróneos desde agosto de 2011 al menos hasta junio de 2017.

Concretamente, el fichero de Badexcug mantuvo a la firma como morosa hasta en ocho ocasiones durante ese período y publicaba la errónea deuda con el concepto de “seguro”, lo que le provocó dificultades a la hora de financiarse para realizar su actividad económica. La empresa informó en reiteradas ocasiones a las demandadas de que se estaba incurriendo en un error, pidiendo la cancelación como morosa. La titular del juzgado de primera instancia número 8 determina que “la inclusión se realizó de forma constante y prolongada pese a las continuas peticiones de cancelación, justificadas de conformidad con la ley para que se procediera a dar de baja los datos”. La magistrada añade, entre otros motivos, que las demandadas “no atendieron al requerimiento sin que hayan acreditado que a día de hoy los datos están cancelados”.

La juez también afirma que fue “muy perjudicial para su imagen [la de la correduría de seguros] constar como morosa con el concepto seguro”. Por lo tanto, la conducta de los codemandados constituye “una intromisión ilegítima al honor y al prestigio profesional, porque su inclusión a Asnef era totalmente injustificada”.

La juez califica de “negligente” la actuación de las demandadas.

La juez sentencia que Banco Mare Nostrum y Experian Bureau de Crédito tuvieron un proceder “negligente” con los requerimientos de la empresa leridana afectada. La magistrada informa de que la firma está en el fichero desde el 2011 hasta la fecha “ya que no consta que se haya producido la cancelación actualmente […], lo cual representa un hecho gravísimo, con dejadez y falta de diligencia”, por no haber atendido las peticiones de rectificación y cancelación.

A fecha actual, la sentencia no es firme y se puede recorrer.

Los clientes deberan asumir los costes del Impuesto sobre las hipotecas

Los clientes deberan asumir los costes del Impuesto sobre las hipotecas

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido este martes por 15 votos a favor y 13 en contra que son los clientes quienes deben asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados -impuesto sobre hipotecas.

Tan sólo dos semanas después de la conocida sentencia de 16/10/2018, el Tribunal Supremo se desdice del criterio recientemente fijado y vuelve a su anterior doctrina favorables a las entidades bancarias, en virtud de la cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (y, por tanto, el obligado a su pago) en los préstamos hipotecarios es el prestatario o consumidor.

Rectificación- El Tribunal recula y modifica su decisión

Rectificación- El Tribunal recula y modifica su decisión

En relación a la última noticia que publicamos, les informamos que el mismo viernes 19/10/2018, el Tribunal Supremo retrocedió y anunció que revisaría su decisión sobre quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (el prestamista o el prestatario) en la formalización de los préstamos hipotecarios por la enorme «repercusión económica y social» que ésta implicaba. Posiblemente, esta revisión se produzca durante esta semana, por lo que estaremos atentos a la segunda resolución que se dicte al respecto y procederemos a informarles de la misma en cuanto la conozcamos.

El Tribunal Supremo cambia de criterio

El Tribunal Supremo cambia de criterio

 Es el Banco y no el cliente quien debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios

El pasado 16/10/2018 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó Sentencia mediante la cual concluye que es el prestamista (es decir, la entidad financiera) quien debe correr con el coste del Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no el prestatario (consumidor). En este caso, los Magistrados entienden que el negocio objeto de inscripción es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y ulterior inscripción de dicho negocio es el Banco.

El Fallo de la Sentencia modifica la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo que interpreta el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y su Reglamento, hasta el punto que anula el artículo 68.2 del Reglamento, que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto, al entender que es contrario a la Ley.

Polémica por la regulación de 112 patios interiores y su uso comercial

Polémica por la regulación de 112 patios interiores y su uso comercial

El nuevo POUM prevé regular 112 patios centrales de islas de viviendas en el Clot de les Granotes y Pardinyes para convertirlos en zonas verdes, medida que supuesto una alud de alegaciones por parte de los pequeños comerciantes, ya que esta medida supondría que en muchos bajos comerciales hubieran de limitar la superficie.

Un conjunto de nueve ciudadanos presentaron una alegación conjunta, y son representados por el abogado Enric Rubio, que alega que esta medida provocaría un impacto comercial, social y económico de gran magnitud.

La alegación presentada asegura que en algunos casos, estas zonas verdes serán inviables por falta de luz solar además, en otras ciudades como Barcelona o Berlín, donde estos proyectos han prosperado después de que un estudio justificara su implementación. En el caso de Lleida no ha sido así.

Primera condena de la Audiencia por cláusulas suelo con empresas

Primera condena de la Audiencia por cláusulas suelo con empresas

Obligan a un Banco a devolver 20.000 € a una promotora por falta de información.

La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado la primera sentencia condenatoria por la que anula una cláusula suelo contenida en un préstamo hipotecario suscrito por una promotora inmobiliaria, obligando al Banco a devolver a la misma las cantidades abonadas hasta la fecha por la aplicación de la citada cláusula suelo.

La empresa, defendida por el Abogado Enric Rubio, recurrió la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Lleida (que inicialmente desestimó la demanda) ante la Audiencia Provincial de Lleida, al considerar que en ningún momento se había informado al empresario de la existencia de la cláusula suelo contenida en dicho préstamo, infringiendo de este modo la buena fe contractual.

La Audiencia Provincial de Barcelona da la razón a un empresario de Sabadell

La Audiencia Provincial de Barcelona da la razón a un empresario de Sabadell

No deberá de satisfacer ninguna compensación ni prestación a su exmujer con motivo del divorcio

La Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado, recientemente, una sentencia por la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por la exmujer de un empresario de Sabadell. En concreto, mediante el referido recurso, la exmujer reclamaba que se le reconociera una compensación económica por razón del trabajo por un importe de 350.000€, a cargo del exmarido, al haber trabajado por él con una retribución inferior insuficiente por las tareas que desempeñaba.

A pesar de que el marido ostenta hasta 15 centros de peluquería en todo el territorio nacional, la Audiencia valora y cuantifica el patrimonio de ambos cónyuges, conformado, mayoritariamente,  por un conjunto inmobiliario ubicado en la ciudad de Lleida, y considera que las atribuciones patrimoniales realizadas a favor de la esposa, a lo largo del matrimonio, superan con creces cualquier diferencia patrimonial que pueda haber entre las dos partes, por la cual cosa concluye que no le corresponde percibir ningún importe en concepto de compensación económica por razón del trabajo.

Además, la Audiencia Provincial de Barcelona estima el recursos de apelación interpuesto por el empresario, representado por el abogado Enric Rubio, ya que considera que el divorcio no provocó ningún desequilibrio económico entre las partes, por la cual cosa deja sin efecto la prestación económica que el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Sabadell le reconoció en primera instancia por un importe de 1.200€ mensual durante 3 años.

El bibliotecario del Instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida despedido por enviar fotos eróticas a alumnos

El bibliotecario del Instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida despedido por enviar fotos eróticas a alumnos

Alumnas del Instituto Samuel Gili i Gaya de Lleida declararon ante el Juez de Instrucción que el bibliotecario del centro les había enviado fotografías eróticas. El monitor lo reconoció y fue despedido. Está en libertad provisional con cargos y tiene prohibido acercarse al centro.

El monitor fue contratado por el AMPA y llevaba 12 años trabajando en el instituto. La asociación de padres y madres, representada por el abogado Enric Rubio, se personó en la causa.

Las estudiantes denunciaron el caso para evitar que se produzcan más acosos de este tipo.

El Tribunal Supremo veta la posibilidad de litigar al consumidor

El Tribunal Supremo veta la posibilidad de litigar al consumidor

El pasado miércoles, 11 de abril de 2018, el Tribunal Supremo dictó Sentencia estimando el Recurso de casación interpuesto por la entidad financiera IBERCAJA BANCO, S.A.U. contra la Sentencia dictada el 13/12/2016 por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante un contrato privado suscrito entre el cliente y la referida entidad financiera.

En dicha resolución, el Alto Tribunal ha otorgado plena validez al contrato privado que fue suscrito entre las partes (entidad financiera y consumidor) mediante el cual se procedió a rebajar la cláusula suelo contenida en la hipoteca a cambio de que el cliente renunciara a emprender acciones legales contra la entidad.

Aunque las cláusulas suelo no son ilícitas, sí se consideran abusivas y, por tanto, nulas, cuando han sido incorporadas en la escritura de préstamo hipotecario sin que el Banco haya informado adecuadamente al cliente, incumpliendo su deber de información y de transparencia para con él. En el caso antedicho de IBERCAJA, el Tribunal Supremo ha considerado que sendas partes estuvieron conformes en suscribir aquél pacto privado, hasta el punto de que el cliente era conocedor y consciente del mismo, concluyendo que dado que el Banco cumplió adecuadamente su deber de información y transparencia, el pacto privado suscrito resulta válido a todos los efectos.

Ley de Segunda Oportunidad

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El Tribunal Supremo unifica doctrina en materia de pensión de viudedad en personas separadas o divorciadas

El Tribunal Supremo unifica doctrina en materia de pensión de viudedad en personas separadas o divorciadas

Recientemente, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina en materia de pensión de viudedad en personas separadas o divorciadas. Se trata de la Sentencia número 895/2017, de 15 de noviembre de 2017, que analiza los requisitos legales para que una persona separada o divorciada judicialmente pueda percibir la pensión de viudedad de la Seguridad Social en el caso de fallecimiento del que fuera su cónyuge.

Según establece la Ley General de la Seguridad Social, para que las personas separadas o divorciadas puedan percibir una pensión de viudedad es necesario que tuvieran reconocida una pensión compensatoria. La discusión se suscita en torno a aquellos casos en los que no hay fijada una prestación de ejecución continuada y periódica, sino que es de pago único.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha resuelto que una pensión en modalidad de pago único no puede considerarse una pensión compensatoria, porque no es una prestación duradera y sucesiva, de ejecución continuada y periódica, sino una prestación única a satisfacer de una sola vez y en un tiempo predeterminado.

La consecuencia de esta doctrina es que las prestaciones de pago único, al no considerarse pensiones compensatorias, impiden el acceso a la pensión de viudedad. Ello hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de surgimiento de la crisis matrimonial, pues a la hora de pactar las concretas atribuciones patrimoniales habrá que valorar cómo afectarían a una eventual pensión de viudedad, en especial, para el cónyuge más perjudicado económicamente por la ruptura.

Cinco años y medio para el cazador que mató un agricultor en Tarrega

Cinco años y medio para el cazador que mató un agricultor en Tarrega

Durante los días 24 a 29 de noviembre se celebraron las sesiones del juicio oral a raíz de la muerte de un agricultor de manos de un cazador en Santa Maria de Montmagastrell. Rubio Advocats defendía los intereses de los hermanos de la víctima y finalmente se solicitó que el acusado fuera condenado como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio doloso.

A lo largo del juicio, el acusado mantuvo que el disparo se había producido accidentalmente durante un forcejeo con la víctima. No obstante, finalmente el Jurado consideró que esta versión era insostenible y en fecha 1/12/2017 emitió veredicto de culpabilidad. La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado Sentencia condenando al acusado a 5 años y 6 meses de prisión, aplicando el agravante de abuso de superioridad y la atenuante muy cualificada de reparación del daño, pues antes del juicio hizo frente a las indemnizaciones a la hija y a los tres hermanos de la víctima.

 Si quieres más información del caso, sigue nuestros post’s anteriores haciendo click aquí. 

Un matrimonio, acusado de poner clavos en un camino

Un matrimonio, acusado de poner clavos en un camino

Rubio Abogados actúa como acusación particular en un juicio en que un matrimonio es acusado de poner clavos en un camino donde vivía y provocar más de 130 pinchazos en sus vecinos.

Un matrimonio es acusado de poner clavos y agujas en un camino de forma reiterada ocasionando hasta 130 pinchazos en sus vecinos entre enero de 2014 y octubre de 2015. A pesar de la negativa de los acusados, la Fiscalía probó los hechos y los acusó de delitos continuados de daños con un pago de 10.800€ además de indemnizar con más de 3.800€  más a los denunciantes, representados por Enric Rubio que pide que la multa se eleve a 21.600€.

Condenan Bankia a indemnizar una pareja por un piso inacabado

Condenan Bankia a indemnizar una pareja por un piso inacabado

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Lleida ha condenado la entidad financiera BANKIA a indemnizar a un matrimonio que había adquirido un piso en construcción en Vilanova de la Barca. La pareja, defendida por el abogado Enrique Rubio, había entregado a la constructora 29.000 € y esta les había depositado en una cuenta. La constructora quedó inactiva y quebró, por lo que no pudo entregar el piso ni tampoco devolver el dinero.

El Juez, basándose en una ley de 1968, considera que BANKIA incumplió su obligación legal de exigir un seguro o aval para garantizar el retorno del dinero que los compradores habían entregado a cuenta, caso de que el obra, por cualquier motivo, no finalizara. En este sentido, el juicio quedó acreditado que la entidad sabía que los compradores ingresaban en su cuenta cantidades en concepto de entregas a cuenta, hasta el punto que financiaba la promoción y para poder desembolsar toda la financiación era necesario que la promotora acreditara ventas sobre plano.

Condenan a un Banco por vender un producto tóxico

Condenan a un Banco por vender un producto tóxico

Debe devolver a un cliente los 15.480 euros que perdió por no haberle informado correctamente.

La Audiencia Provincial de Lleida ha condenado DEUTSCHE BANK a devolver a un cliente los 15.480 euros más los intereses que perdió a raíz de la adquisición de un producto financiero tóxico. El Tribunal ha revocado la sentencia que absolvió inicialmente la entidad y ha estimado el recurso presentado por el demandante, representado por el Abogado Enrique Rubio, al considerar que el Banco no le informó correctamente de los riesgos que conllevaba el producto financiero que estaba adquiriendo .

El demandante adquirió en 2007 unas acciones de un valor denominado twin win (doble oportunidad). Se trata de un producto estructurado y vinculado a índices bursátiles que, en caso de descenso de éstos, representan pérdidas para el inversor, por lo que, según la Audiencia Provincial, «lo que se estaba haciendo era una apuesta «. En este tipo de casos, el Tribunal considera que cualquier cliente «debe conocer como está previsto que puedan evolucionar cada uno de los índices (…) y no consta, sin embargo, que al demandante se le hubiera hecho ni el más mínimo comentario respecto de la posible evolución «, por lo que la información que se le dio fue» insuficiente «.

Asimismo, añade que los empleados del Banco ofrecieron al cliente «una alta rentabilidad y la existencia de una barrera de protección, lo que, sin lugar a dudas, influyó de manera decidida para que prestara su consentimiento en la  adquisición «.

De esta forma, el Tribunal obliga al Banco a devolver el dinero de la inversión.

Condenan a un Banco a devolver 55.000 euros

Condenan a un Banco a devolver 55.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Lleida ha condenado Targobank (anteriormente Banco Popular) a devolver 55.000 euros a una octogenaria tras declarar la nulidad de dos órdenes de compra de bonos subordinados convertidos en acciones del Banco. La Juez ha estimado la demanda presentada por la mujer, representada por el Abogado Enrique Rubio, al considerar, entre otros aspectos, que hubo un vicio de nulidad en el consentimiento (defectos y errores en el proceso de adquisición de estos buenos), ya que no se realizó un estudio detallado del perfil de la clienta como inversora ni se le informó debidamente del producto y de los riesgos que suponía su adquisición. Concretamente, afirma que «hubo un error esencial excusable en la adquisición del producto y, por tanto, se estima la nulidad del contrato». El Banco Popular emitió en 2009 unos bonos convertibles en acciones del propio Banco con el objetivo de obtener un mínimo de liquidez. Para hacer atractiva esta emisión prometió una remuneración de un 7% pero no informó debidamente a sus clientes de los elevados riesgos de la operación, que provocaron posteriormente importantes pérdidas a los clientes con el dinero que habían invertido.

En este caso, la Juez afirma que «ha quedado acreditado que un producto tan específico como el presente no lo solicitó la clienta, sino que se lo ofreció la entidad bancaria». La titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Lleida también añade que «no se le prestó la información precontractual con antelación para que pudiera analizarla». El Juzgado recuerda que la entidad «incumplió sus deberes de información y diligencia, ya que ofreció un producto con un nivel de riesgo no adecuado, teniendo en cuenta el resto de sus inversiones, ya que no se ajustaba a los otros productos que tenía y no consta que la demandada se asegurara de tener esta información al suscribir el producto «.

Piden 3 años de cárcel y multa de 2 millones de euros a un constructor

Piden 3 años de cárcel y multa de 2 millones de euros a un constructor

La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan de fraude fiscal a un constructor leridano y piden una condena de 3 años de prisión y la imposición de una multa de 2 millones y medio de euros, al considerar que había eludido el pago de 526.000 € en 2009.

El acusado negó que hubiera eludido el pago, indicando que, ante la situación económica de su empresa, hizo lo que le obligó Caixa Sabadell, con la que tenía una deuda por la construcción de una promoción de 40 viviendas .

La defensa, representada por el abogado Enric Rubio, solicitó la absolución al considerar que el constructor en ningún momento tuvo la finalidad e intención de defraudar, ya que nunca pudo disponer del dinero dado que Caixa Sabadell los destinó a saldar la deuda y pagar a la constructora.

Cuatro leridanos llevan al Banco Popular a los tribunales por 280.000 en acciones

Cuatro leridanos llevan al Banco Popular a los tribunales por 280.000 en acciones

El pasado miércoles 7 de junio el banco Santander compró por sólo 1 € el Banco Popular a raíz de la quiebra de la entidad. Esta operación financiera ha supuesto la pérdida del 100% de la inversión ya que las acciones del Banco Popular han dejado de tener valor al haber sido dadas de baja.

A raíz de la quiebra, al menos 4 leridanos presentarán demandas en el juzgado contra el Banco Popular para intentar recuperar los 280.000 € que habían invertido en acciones y que han perdido.

Un banco es condenado a devolver 120.000€ a una correduría leridana

Un banco es condenado a devolver 120.000€ a una correduría leridana

El Tribunal Supremo ha condenado a la Caja de Ahorros del Penedès, actualmente Banco Mare Nostrum, a vuelve una correduría de seguros de Lleida 120.000 € al anular dos contratos bancarios tipo swaps.

El swap es un producto financiero adherido a una hipoteca o crédito que los bancos ofrecían como una especie de seguro antipujada del tipo de interés. Si el interés subía y sobrepasaba el importe establecido, el banco devolvía el dinero al cliente, ahora bien, si lo que pasaba era al revés, el cliente tenía que devolver el dinero al banco.

¿Necesitas un abogado en Lleida?

¿Necesitas un abogado en Lleida?

Abogado en Lleida

Si buscas un abogado en Lleida para ejercer tus derechos o simplemente, para informarte sobre una cuestión legal, debes de saber que existen profesionales muy bien cualificados para cubrir tus necesidades. Sin embargo, si no has estado nunca en un bufete de Abogados, es necesario que conozcas algunos aspectos de su profesión para poder tomar mejor la decisión en el momento de escoger el profesional que te defienda.

Pregunta antes de concertar la primera visita

Antes de concertar la primera visita con el abogado, es conveniente que preguntes si éste conoce la materia o si nunca ha liderado un caso similar al tuyo así como que te informes sobre la duración y precio que pueda tener el primer encuentro. Así mismo, resulta conveniente que preguntes si has de llevar algún tipo de documentación para realizar esta primera visita en la que te expondrás tu problemática o tus dudas.

Exprésate sin miedo con tu abogado

Para optimizar el primer encuentro con tu abogado, es necesario que, previamente, te hayas anotado todas las dudas y cuestiones que quieras abordar para no dejarte así ningún tema sin tratar. Al margen de estos aspectos, conviene que abordéis las cuestones económicas, como los honorarios del abogado y de otros profesionales que, en tu caso, hayan de intervenir (procurador, perito, notario, etc.) así como la cuantía en que puede ascender el pleito o bien, los costes procesales.

La primera visita a un despacho de abogados

La primera visita entre un cliente y el abogado es una toma de contacto en la que se establece las bases de una relación profesional basada en la confianza. Tu abogado está para defenderte y, por tanto, no existe razón alguna para omitir información o para no contarle qué piensas o qué no entiendes.

Pregunta a tu abogado antes de actuar en un conflicto

Delante de cualquier conflicto es muy probable que surja una situación inesperada y tensa, y precisamente, en este momento es cuando más debes confiar en lo que te diga tu abogado para evitar que en un futuro surjan nuevos conflictos o perjudiquen tus intereses.

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