Exigen entre 4 y 9 años de cárcel y aseguran que traficar “era su modo de vida”. El juicio se alarga al no aceptar la Audiencia suspenderlo por exceso de aforo.

La Fiscalía mantuvo ayer su acusación contra diez acusados por tráfico de drogas en Almacelles, Lleida, Balaguer y Tarragona al considerar que actuaron para enriquecerse y finalmente lo convirtieron en su modo de vida. Así se pronunció el Ministerio Público en la última sesión de un largo juicio que empezó el miércoles pasado y se alargó un día más de lo previsto después de que la Audiencia de Lleida denegara la petición de la defensa de suspender la celebración por exceder el aforo establecido en la sala según la normativa anti-COVID19.

En la última sesión celebrada ayer, también tuvieron que declarar los acusados, los cuales negaron los hechos y se escucharon parte de las intervenciones telefónicas de los investigados. Según la Fiscalía, las pruebas de los guardias civiles que detuvieron a los acusados demostraban su participación en los hechos. “Traficaban con drogas para enriquecerse, lo convirtieron en su modo de vida y no actuaron porque su drogadicción le obligaba a hacerlo”, señaló el fiscal. Así mismo, consideraron que durante la investigación policial se respetaron sus derechos fundamentales y las pruebas se recogieron de forma correcta, después de que la defensa solicitara la anulación de las intervenciones telefónicas al considerar que no se realizaron con garantías.

En las conclusiones, la Fiscalía mantuvo la posición inicial de solicitar las penas de entre 4 y 9 años para los acusados, en función de su participación en la organización criminal y recordó que se intervino una gran cantidad de droga: más de 11kg de cocaína, 4 de heroína y 220kg de marihuana. Tres de los nuevos acusados se encuentran en prisión preventiva por esta causa. Por su parte, la defensa solicitó penas mínimas o la absolución para los defendidos y alegaron los problemas de adicción de sus representantes. En el caso de los acusados se enfrentan a una petición de prisión más elevada, el abogado, Enric Rubio, solicitó que en el caso de que se les condenara, se les interne en un centro psiquiátrico o de desintoxicación por su adicción a las drogas. El primer día del juicio en la sala habían 37 personas, cuando el aforo permitido por las medidas anti- Covid es de 30. Se fijó más distancia entre los abogados (que eran 9) y se hicieron más descansos.

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