Detenido un agente de Medio Ambiente del Conselh de Aran por la muerte el oso Cachou

Detenido un agente de Medio Ambiente del Conselh de Aran por la muerte el oso Cachou

Se le atribuye un delito contra la fauna, otro contra la revelación de secretos y un tercero de prevaricación. El acusado, vecino del Val, declaro ayer por la tarde delante de la juez de Vielha y negó los hechos.
Un agente de Medio Ambiente del Conselh Generau de Aran fue detenido el miércoles y declaró ayer por la tarde delante de la juez por la muerte del oso Cachou el pasado mes de abril. Salió del juzgado de primera instancia e instrucción de Vielha en libertad con cargos. Se le atribuye un delito contra la fauna; otro de revelación de secretos y un tercero de prevaricación. El acusado A.M.G., negó delante de la magistrada los hechos que se le atribuían, según explicó su abogado, Enric Rubio. Horas antes de la declaración, registraron su casa en el municipio de Les.

Esta detención llegó medio año después de que el cadáver del oso apareciera en el bosque de Les, el pasado 9 de abril. Se localizó gracias al dispositivo GPS que el animal llevaba en el collar para facilitar su seguimiento al tratarse de un animal considerado problemático (véanse las claves). Fuentes próximas puntualizaron que, en el momento, el acusado no trabajaba en el Conselh Generau. Aun así, había estado anteriormente en la plantilla de administración aranesa.

Durante los años 2018 y 2019 formó parte del equipo aranés de soporte para la conservación del oso, en el marco del programa Piroslife financiado por la UE. Semanas después de la muerte de Cachou, el pasado 27 de abril, ocupó un cargo de agente auxiliar de Medio Ambiente del Conselh Generau como funcionario interino. Personal vinculado a la gestión del oso de la Val tenía acceso a las localizaciones del GPS del oso Cahou, que se hacían públicas en diferentes días. El Conselh Generau limitó sus declaraciones a un comunicado en el que expresaban su “respecto al procedimiento judicial y a la presunción de inocencia del acusado”. Subrayando el esfuerzo a dejar claras las causas de la muerte del oso y a encargar la necroscopia a la UAB y “poner el caso en manos de los juzgados”. La causa sigue bajo secreto de sumario después de seis meses.

La asociación ecologista Ipcena, partícipe en la causa judicial al lado de Fapas, celebró que la investigación del juzgado de Vielha condujera a la detención del presunto acusado. Las dos entidades apreciaban posibles indicios de envenenamiento, como el rictus en la boca del cadáver. El portavoz de Ipcena, Joan Vàzquez, se mostró “sorpendido” porque una persona dedicada a la protección del oso esté acusada de matar a un ejemplar, y valoró que “no hubiera sensación de inmunidad”, también apuntó la posibilidad de que hubieran más implicados.

Dos ejemplares muertos este año, pero la población sigue creciendo.
Tres meses después de la muerte de Cachou, el cadáver de otro oso apareció tiroteado en la región francesa de Arieja, cerca de la frontera con el Pallars Sobira. También este caso es objeto de una de una investigación judicial con Francia. A pesar de estas bajas, la población de oso en el Pirineo ha mantenido tendencia a crecer en los últimos años. Una docena de nuevos cachorros, así como la puesta en libertad de osos que se han añadido al censo de 2019 (véase el SEGRE del pasado día 11) elevan la población actual a sesenta y cinco ejemplares conocidos. Ninguno de ellos está localizado a través de un dispositivo GPS. Goiat ha perdido el que llevaba mientras que las hembras Sorita y Claverina, puestas en libertad en el 2018 en el Pirineo oriental, han dejado de funcionar al quedarse sin batería. El crecimiento de la población de osos ha ido acompañado de un resurgir del movimiento contrario a esta especio en los dos lados de la frontera.

Las claves

– Cachou, un poso “problemático”
Este oso era uno de los considerados “problemáticos” juntamente con Goiat. Se les atribuía una voracidad inusual y una preferencia insólita por el ganado. Por esta razón, estos dos ejemplares llevaban collares con GPS y se les aplicaba medidas de aversión para intentar modificar su conducta. Fue necesario capturar a Cachou para ponerle el collar y, fue sustituido el que llevaba Goiat ya que el que llevaba desde su reintroducción en el 2016, se había quedado sin batería.

– Cambiar la conducta
El Conselh recurrió a sonidos y a la aparición de fungicidas en las piezas de carroña para tratar de modificar la conducta de Goiat y Cachou. Aplicaban un control que, en el caso de que fracasara, contemplaban la posibilidad de expulsarlos del Pirineo e incluso sacrificarlos. Esta última posibilidad llegó a plantearse el año pasado.

– Encontrado muerto el 9 de abril
Técnicos del Conselh encontraron el cadáver de Cachou a Les el pasado 9 de abril, después de constatar que las señales del GPS no registraban ningún movimiento.

Investigación abierta
Un primer examen apuntó a daños por la caída a la espera de los análisis toxicológicos y, el juzgado de Vielha abrió una investigación bajo secreto de sumario.

Una leridana queda parapléjica por la epidural en el hospital de l’Arnau de Vilanova

Una leridana queda parapléjica por la epidural en el hospital de l’Arnau de Vilanova

Le causó un hematoma en la médula espinal que no pudieron operar hasta las 14 horas después de nacer su hija. La familia reclama 3,5 millones de euros al departamento de Salud por los daños ocasionados.

El 14 de noviembre del año pasado fue el día más feliz para los leridanos Carmen Mejía y Rubén Carmona, que se convirtieron en padres de la pequeña Valentina en el hospital del Arnau de Vilanova. Al mismo tiempo, fue el día que empezó su peor pesadilla para Carmen de 36 años, que se quedó parapléjica por la supuesta mala aplicación de la anestesia epidural, que le causó un hematoma en la médula espinal, tardaron más de 14 horas en intervenirla de urgencias. La familia, representada por el abogado Enric Rubio ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) de 3,5 millones de euros por daños y secuelas frente a lo que consideraban que había estado una “infracción de la conducta profesional y el mal funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria”.

Carmen Mejía explica que el embarazo “fue perfecto” y el 14 de noviembre, cuando ya estaba de 40 semanas, “ingresé en el Arnau y decidieron que practicarían cesaría porque el bebé estaba en la parte superior”. Ya en el quirófano, le aplicaron la anestesia mediante una punción. “Sentí un dolor terrible. No sé qué pasó pero hubo tres punciones: se me dormía casi todo el cuerpo. Incluso notaba como se me dormía la mejilla” añadía. La niña nació sin problemas hacía las 19:00 horas. En el mismo quirófano, al sentir un fuerte dolor dorsal, solicitaron a una enfermera que le cogieran a la niña y le aplicasen algo frío en la espalda porque le estaba quemando.

Una vez en reanimación, la mujer comentó a las enfermeras que no sentía las piernas pero le dijeron que era normal por la anestesia. Al mismo tiempo, pasaron las horas y las piernas no se le despertaban. “Cada media hora decía que no tenía ningún tipo de sensibilidad”. No fue hasta pasadas las 10 de la mañana, 14 horas después del parto, cuando le hicieron una resonancia para, posteriormente, operarla de urgencia. “El neurólogo me explico que habían intervenido en la zona de la espalda donde estaba el hematoma”. Pero todo siguió igual y no le dieron ninguna explicación. El 19 de noviembre, cuatro días después, la trasladaron en helicóptero al hospital Vall de Hebrón en Barcelona. “Allí fue la primera vez que me dijeron que nunca volvería a caminar” lamentaba. Estuvo en el Instituto Guttmann, especializado en lesiones medulares entre el 20 de enero y el 26 de marzo. “Allí había un chico que tuvo un accidente de tráfico y tenía la misma lesión que yo. A él le intervinieron durante cinco horas y podía caminar con ayuda de una muleta.

El letrado de la familia afirma que “desde que se produjo la cesaría con planificación de anestesia epidural, hasta que se adoptaron medidas para verificar el motivo de la falta de sensibilidad, transcurrieron más de 14 horas, un tiempo muy prolongado para evitar que la lesión medular fuera definitiva”. “En todo este tiempo ni el Arnau de Vilanova ni nadie me ha dado ninguna explicación”, asegura Carmen. Este periódico se puso en contacto con el centro y con el ICS de Lleida, lo cual produjo que quisieran valorar el caso.

No recibió ningún tipo de atención y solicita una vivienda adaptada.

 Once meses después de haber sido madre, de los cuales más de dos se los pasó ingresada en el Instituto Guttmann, Carmen Mejía no ha recibido ningún tipo de ayuda médica o psicológica. Incluso tuvo que comprarse una silla de ruedas adaptada para poder bañarse que le costó más de cuatrocientos euros. Los familiares también le han ayudado a comprar unas barras para poder incorporarse y poder hacer un poco de ejercicio.

La pareja vive en un dúplex pero la mujer solo puede moverse por la primera planta, que tiene unos cuarenta metros cuadrados, y con mucha dificultad puede salir a la calle. Su pareja Rubén Carmona, fue a la Paería para solicitar una vivienda que se adapte a esta nueva situación. “Me dijeron que he de presentar la solicitud y que estudiarían el caso, pero de momento no nos han dado respuesta”. Su vida también ha dado un cambio radical ya que se ha de encargar de prestar toda la asistencia y cuidados necesarios tanto a su pareja como a su hija pequeña. La pareja vive esta situación con rábica e impotencia y su único consuelo es ver como su pequeña Valentina va creciendo, el 14 de noviembre cumplirá su primer año.

Una lleidatana queda paraplègica per l’epidural del part a l’Arnau de Vilanova

La Fiscalía acusa a diez supuestos narcos en el juicio más largo de la era del Covid19

La Fiscalía acusa a diez supuestos narcos en el juicio más largo de la era del Covid19

Exigen entre 4 y 9 años de cárcel y aseguran que traficar “era su modo de vida”. El juicio se alarga al no aceptar la Audiencia suspenderlo por exceso de aforo.

La Fiscalía mantuvo ayer su acusación contra diez acusados por tráfico de drogas en Almacelles, Lleida, Balaguer y Tarragona al considerar que actuaron para enriquecerse y finalmente lo convirtieron en su modo de vida. Así se pronunció el Ministerio Público en la última sesión de un largo juicio que empezó el miércoles pasado y se alargó un día más de lo previsto después de que la Audiencia de Lleida denegara la petición de la defensa de suspender la celebración por exceder el aforo establecido en la sala según la normativa anti-COVID19.

En la última sesión celebrada ayer, también tuvieron que declarar los acusados, los cuales negaron los hechos y se escucharon parte de las intervenciones telefónicas de los investigados. Según la Fiscalía, las pruebas de los guardias civiles que detuvieron a los acusados demostraban su participación en los hechos. “Traficaban con drogas para enriquecerse, lo convirtieron en su modo de vida y no actuaron porque su drogadicción le obligaba a hacerlo”, señaló el fiscal. Así mismo, consideraron que durante la investigación policial se respetaron sus derechos fundamentales y las pruebas se recogieron de forma correcta, después de que la defensa solicitara la anulación de las intervenciones telefónicas al considerar que no se realizaron con garantías.

En las conclusiones, la Fiscalía mantuvo la posición inicial de solicitar las penas de entre 4 y 9 años para los acusados, en función de su participación en la organización criminal y recordó que se intervino una gran cantidad de droga: más de 11kg de cocaína, 4 de heroína y 220kg de marihuana. Tres de los nuevos acusados se encuentran en prisión preventiva por esta causa. Por su parte, la defensa solicitó penas mínimas o la absolución para los defendidos y alegaron los problemas de adicción de sus representantes. En el caso de los acusados se enfrentan a una petición de prisión más elevada, el abogado, Enric Rubio, solicitó que en el caso de que se les condenara, se les interne en un centro psiquiátrico o de desintoxicación por su adicción a las drogas. El primer día del juicio en la sala habían 37 personas, cuando el aforo permitido por las medidas anti- Covid es de 30. Se fijó más distancia entre los abogados (que eran 9) y se hicieron más descansos.

Absuelven dos acusados de no investigar una paliza

Absuelven dos acusados de no investigar una paliza

Dos mossos juzgados después de una agresión de policías locales en Vila-seca a un leridano. Les pedían dos años y medio de cárcel.

La Audiencia de Tarragona ha absuelto al intendente Jaume Morón, exresponsable de los Mossos en el Tarragonés y al sargento leridano Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-seca que clavaron una paliza a un vecino de Lleida en enero de 2013, que resultó gravemente herido. El tribunal, en el cual uno de los magistrados ha emitido un voto particular, determina que “no se aprecia una voluntad clara y decidida de no querer investigar los hechos”. También garantizan que “no se entrevé ningún motivo o interés de los acusados en ocultar los hechos investigados […] ni tampoco se acredita ningún móvil que hubiera podido inducir a los acusados a ocultar intencionadamente datos relevantes para la investigación.

La Fiscalía afirmaba que evitaron impulsar la investigación y obviaron información clave con el objetivo que el juzgado archivara el caso. Concretamente, decía que el intendente Morón obligó una responsable dejar la investigación y cederla al sargento, que obvio al juzgado informaciones clave.

El Ministerio Público, que inicialmente pedía una condena de 5 años de cárcel por los delitos de falsedad documental del deber de perseguir delitos, rebajó la petición a sendas penas de dos años y medio de cárcel, ya que consideraba el atenuante de dilaciones indebidas.

El leridano Enric Rubio, letrado de Cunillera, decía ayer que “estamos muy satisfechos porque se ha demostrado su inocencia después de cuatro años muy duros porque han estado acusados de uno de los delitos más grandes de que pueden acusar un policía como es el de no perseguir delitos”

En cuanto al magistrado que ha emitido el voto particular, considera que en los informes hubo “omisiones que tuvieron que ser deliberadamente sesgadas y movidas con el propósito de ocultación de responsabilidades con la única finalidad de cubrir a los agentes de la policía local”. Considera que habían de haber estado condenados a un año y medio de cárcel e inhabilitados. La sentencia puede ser recorrida delante del Tribunal Superior de Justicia (TSCJ).

Exculpada de la muerte de un niño en unas piscinas de Les Borges

Exculpada de la muerte de un niño en unas piscinas de Les Borges

Los forenses determinan que el menor, de 7 años, falleció de forma súbita por una cardiopatía congénita. Archivan la causa contra una monitora por estos hechos

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha archivado la causa penal contra una monitora por la muerte de un niño de 7 años en la piscina del Club Tennis Borges Blanques el 16 de agosto de 2018. En el auto que acuerda el sobreseimiento libre de la causa, el magistrado señala que no se aprecia que la monitora investigada cometiera ningún delito, como el de homicidio por imprudencia grave por el que estaba imputada, ya que, concluye, la muerte del menor no fue por ahogamiento sino por una insuficiencia cardiorrespiratoria “con probabilidad de origen cardíaco”. Según explicó ayer el abogado de la monitora investigada, Pau Simarro, los forenses han determinado que el niño falleció a causa de una cardiopatía congénita y el juez ha determinado que su defendida no cometió ningún delito ni tampoco ningún “acto de irresponsabilidad”. Simarro destacó que el auto señala que la conducta de la monitora no podría haber evitado la muerte del niño, que, según el juez, se produjo “de forma súbita”.

La decisión del juzgado de Instrucción 2 llega después de que la Fiscalía archivara en 2018 la causa contra otro monitor, menor de edad, al no apreciar delito. Ambos monitores trabajaban para la empresa Associació Esportiva Esport Actiu, que gestionaba un casal deportivo en el que participaban diez niños. Enric Rubio, el abogado de la empresa, valoró que “se ha demostrado que la entidad no incurrió en ninguna negligencia, que cumplía con todos los requisitos y que fue una desgracia ajena a la actividad deportiva”. La víctima, vecino de Els Omellons, falleció el 16 de agosto de agosto de 2018 en la piscina del Club Tennis Borges durante un cursillo de natación con otros nueve menores.

“El niño no falleció ahogado, sino por una cardiopatía, y la conducta de la monitora no podría haberlo evitado”

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Lleida archivó la causa penal contra 3 socorristas investigadas por la muerte de un niño de 6 años que se ahogó en las piscinas municipales de Tàrrega en junio de 2018. La familia de la víctima recurrirá al entender que hubo negligencia. La familia del niño fallecido recurrirá el auto del juzgado de Instrucción 2 de Lleida ante la Audiencia Provincial al entender que hubo “negligencia” por parte de los monitores y del club deportivo. El abogado de la familia, Xavier Prats, señaló ayer a este diario que mantienen que hubo “omisión y dejadez en las obligaciones” de los dos monitores que vigilaban a los niños en el cursillo y no se daban las medidas de seguridad necesarias en el centro. Asimismo, insistió en que no había ningún responsable de la empresa que organizaba la actividad, por lo que, consideró, “hubo una negligencia”. El archivo de la causa no es firme y en el auto el juez instructor señala que la familia del menor fallecido puede emprender las acciones civiles o administrativas que considere necesarias.

Juzgan dos responsables de los mossos acusados de no investigar la paliza a un leridano

Juzgan dos responsables de los mossos acusados de no investigar la paliza a un leridano

Los hechos tuvieron lugar en Vila-Seca y uno de los inculpados es un sargento de Lleida

La Audiencia de Tarragona inició ayer el juicio contra el intendente Jaume Morón, exresponsable de los Mossos en el Tarragonés y al sargento leridano Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-Seca, que clavaron una paliza a un vecino de Lleida en enero del 2013. La Fiscalía afirma que los acusados evitaron impulsar la investigación y obviaron informaciones clave con el objetivo que el juzgado archivara el caso, por la cal cosa pide una condena de cinco años de cárcel, siete de inhabilitación y 7.200 euros de multa por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental. En cambio, las defensas solicitan la absolución. Enric Rubio, letrado de Cunillera, aseguró ayer a este periódico que “actuaron correctamente y niegan cualquier negligencia”. Está previsto que los dos acusados declaren mañana.

Ayer declaró el responsable que inició la investigación de la paliza. Explicó que las gestiones que realizaba las trasladaba al sargento Cunillera, su superior, para mantenerlo informado. Según declaró, el sargento le pidió reunirse con intendente que, según su versión, le pidió que revelara la identidad del informador (un policía local). Ella dijo que se negó aduciendo que “ponía en peligro y partía de la confianza de esta fuente”, y añadió que la “cerraban sistemáticamente” para hablar del caso. Finalmente, la responsable dejó el caso en manos del sargento. Fiscalía dice que Cunillera y Morón actuaron sabiendo que, con los pocos datos aportados, el caso se archivaría, como sucedió.

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