Políticas que empobrecen

Políticas que empobrecen

El pasado viernes 29 de mayo el Gobierno estatal, a través de un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que la crisis del coronavirus ha acelerado. Como dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se trata de una “prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes no los tienen” o, en otras palabras, también suyas: “Es una renta garantizada en toda España que se considera el mínimo imprescindible para garantizar unas condiciones de dignidad”.

Su importe varía en función de la situación de los hogares, influyendo el número de personas que vivan en él y los menores a cargo, e irá de los 462 € a los 1.015 € mensuales y se distribuirá en 12 pagas. Podrán solicitarlo las personas que el año anterior hayan tenido unos ingresos por debajo de la renta garantizada anual, así como aquellas que, en lo que llevamos del año actual, presentan una cantidad inferior a ese umbral. Además, se ha fijado un límite referido al patrimonio neto sin tener en cuenta la vivienda habitual. Los solicitantes deberán tener entre 23 a 65 años y contar al menos con un año de residencia en España. También podrá pedirse a partir de los 18 en el caso de que se tenga a un menor a cargo.

El Gobierno estima que beneficiará a cerca de 850.000 familias (en torno a 2,3 millones de personas) y que tendrá un coste de 3.000 millones al año. Una de las incógnitas es de dónde saldrá el dinero para cubrir el Ingreso Mínimo Vital. Al respecto, a nadie se le escapa que los presupuestos públicos son finitos, de modo que dependerá de los ingresos disponibles y de la priorización que haga el Gobierno del conjunto de gastos. Es decir, o se aumentan los ingresos (ya sea vía impuestos o emisión de deuda pública), o se eliminan o posponen otras partidas de gasto. Desde luego, toda medida que se adopte para reducir las tasas de pobreza bienvenida sea, pero conviene no llevarse a engaño, pues el Gobierno no es precisamente quien genera principalmente la riqueza y el desarrollo de un país y menos aún con medidas de corte populista, bajo la perspectiva de reducir la pobreza, pero que, en realidad, pueden conducir a hacerla más endémica, en el sentido de generar un amplio sector de la sociedad que acaba viviendo del subsidio y de las ayudas, sin apenas esfuerzo, ilusión, ni perspectivas vitales.

En realidad, quien realmente genera la riqueza de un país son los autónomos y los pequeños empresarios que no entienden de horas ni de horarios, que lo arriesgan casi todo para poner en marcha o dar continuidad a ese proyecto empresarial que les quita el sueño y que, a la postre, son los que, con esfuerzo y dedicación, crean los necesarios e imprescindibles puestos de trabajo que dignifican a las personas. El Gobierno puede adoptar medidas concretas de estímulo para la economía y también puede crear ayudas concretas y excepcionales, pero presentar el denominado Ingreso Mínimo Vital como una medida de gran alcance y calado como hizo el vicepresidente, no es lo que más conviene a una sociedad con más de tres millones de parados y donde nuestros jóvenes universitarios, en su mayoría, han de emigrar a otros países para poder encontrar un empleo, por lo que el Ingreso Mínimo Vital, más allá de ser excepcionalmente necesario para atajar la pobreza severa, especialmente la infantil, no ha de ser una medida que acabe por estimular una sociedad de pobres que dependen, mes a mes, del subsidio estatal aprobado y sostenido por los políticos, no sea que acabemos como otros países con grandes posibilidades económicas debido a sus recursos naturales, pero donde hay un amplio sector de la sociedad que vive de las ayudas públicas.

Sentado lo anterior, sería bueno que el Gobierno desvelara como afrontará ese coste que dice rondará los 3.000 millones de euros, por lo que, junto al anuncio de la medida, lo razonable y conveniente hubiera sido el anuncio de otras medidas que vayan en la línea de ayudar a los autónomos y pequeñas empresas, más allá de los ERTES que, por el momento, les han permitido mantener los puestos de trabajo. En este sentido, no es ningún secreto que la falta de liquidez conlleva un aumento de la morosidad. Antes del COVID-19, con carácter general, los autónomos y las pymes eran los que más sufrían los impagos de sus proveedores, sobre todo de las grandes compañías y de las administraciones públicas (AA. PP.). Según un estudio llevado a cabo recientemente por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ahora son precisamente los autónomos y las PYMES los que no pueden afrontar los pagos debido a la falta de liquidez derivada de la crisis sanitaria. Indudablemente, el cierre de los establecimientos, la falta de actividad absoluta desde mediados de marzo, el funcionamiento al ralentí durante estos días de desescalada, asociado al mantenimiento de la plantilla, son elementos que generan preocupación en las empresas ante un futuro muy incierto.

Desde la mencionada Plataforma, en las últimas semanas se han presentado multitud de propuestas para inyectar liquidez, todas ellas sin riesgo ni coste, ni garantías colaterales para las arcas públicas y las empresas. Entre otras, que el Gobierno devuelva los IVAs pendientes de compensar; que cree una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus. Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y asegurar los cobros y los pagos, se estaría inyectando savia desde la raíz a todo el entramado empresarial, generándose la necesaria cadena de pagos y la circulación del dinero.

En definitiva, durante los últimos meses, como consecuencia del COVID-19, el Gobierno ha adoptado muchas medidas para hacer frente a una crisis sanitaria cuyo alcance, al igual que en otros países de nuestro entorno, no había previsto ni de lejos, pero le queda muchísimo trabajo por hacer en el plano económico, sin que el Ingreso Mínimo Vital pueda enmascarar la necesidad de adoptar medidas que permitan realmente hacer frente a su coste y generar la confianza necesaria para que se lleven a cabo inversiones y proyectos empresariales que generen verdadera riqueza y puestos de trabajo, relegando los subsidios a lo que realmente deben ser: ayudas limitadas en el tiempo y absolutamente excepcionales.

Enric Rubio i Gallart
Advocat – Doctor en Dret

Keep Calm

Keep Calm

Los dispositivos electrónicos nos dan acceso a casi todo, o eso creemos, y esa inmediatez es precisamente su golosina. Nos comunicamos con quien queremos y a la hora que queremos, por lejos que esté. Mandamos y recibimos fotos y videos a la velocidad de la luz, o los colgamos en cualquier plataforma para mostrar dónde hemos viajado o lo que somos capaces de hacer. No hay que ir a ese comedor silencioso de cada casa, al que antaño iban nuestros padres, para coger uno de esos volúmenes pesadísimos y buscar el significado de tal o cual palabra, la biografía de un determinado personaje o el mapa de ese país lejano. Hoy en día, esas enciclopedias ni siquiera son ya decorativas sino un vestigio del pasado en el que se acumula el polvo. Google nos proporciona todo eso y lo hace en décimas de segundo. Lo mismo ocurre con el comercio. Cualquier cosa es posible adquirirla utilizando el móvil, la Tablet o el ordenador personal. En tan solo un par de días, unas horas o unos minutos alguien desconocido pulsa el interfono de tu casa y te la entrega personalmente. Es más, la aplicación correspondiente te informa de donde está tu pedido y, si es comida rápida, si está ya en preparación y el tiempo estimado que resta para su entrega. El día que la conexión de internet es débil y esa información no fluye con la rapidez habitual, nos desesperamos.

Lo queremos todo para ya y tenemos acceso inmediato a todo y, sin embargo, debido a la globalización y al consumismo, quizás formemos parte de las generaciones que, en realidad, más esperan. Es un contrasentido, pero hacemos colas en el banco o en los cajeros, en el cine o en el teatro, para acceder a un concierto o coger un avión. Esperamos nuestro turno en esa parada de taxi o en el supermercado, ya sea en pescadería, carnicería o al pasar por caja. Quien no se acuerda de las interminables colas que hicimos en ese parque de atracciones. Eso sí, nada es comparable a la espera a que nos somete la actual pandemia del coronavirus y que nos obliga a estar confinados en nuestros hogares. Por duro que sea, hay que mantener la calma, aun siendo conscientes de las terribles consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

Mientras tanto y con ánimo de amortiguar la gravedad de la situación, estamos asistiendo a un cúmulo de nuevas normas que indudablemente son necesarias e imprescindibles pero que, lejos de aportar seguridad jurídica, son fruto de la rapidez y de la improvisación y cuya redacción es más que discutible. El coronavirus lo supera todo y puede entenderse la motorización legislativa a la que asistimos. No obstante, la inicial declaración del Estado de Alarma y los subsiguientes Reales Decretos, son un buen ejemplo de imprecisión y falta de claridad, fruto, de su redacción veloz ante la falta de toda previsión estratégica. A pesar de que su objetivo es dar respuesta concreta a las fatales consecuencias de este tsunami, su contenido es abigarrado, contradictorio y genera innumerables dudas que tratan de clarificarse con nuevas normas que corrigen las dictadas apenas unas horas antes. Desde luego, la crisis generada por el COVID 19 provocará una avalancha de procedimientos en nuestros tribunales, pero muchos de ellos serán también para solucionar las diversas interpretaciones, sobre el alcance y concreción de las pretendidas soluciones, que anuncian y desarrollan esos Reales Decretos dictados ex profeso.

El tiempo es imparable y nuestros proyectos vitales también, por mucho que el camino se tuerza o que surja algo imprevisible y aterrador como lo que estamos viviendo. Lo importante es evitar que la desesperación aflore y, con ella, la pérdida de capacidad de concentración y reacción. Los vientos feroces nos obligan a sujetar fuerte el timón para mantener el rumbo y capear el temporal, sin que los nervios y el miedo nos devoren. Por ello y a pesar de todo, keep calm, no queda otra.

Enric Rubio i Gallart
Abogado – Doctor en Derecho

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