Una leridana queda parapléjica por la epidural en el hospital de l’Arnau de Vilanova

Una leridana queda parapléjica por la epidural en el hospital de l’Arnau de Vilanova

Le causó un hematoma en la médula espinal que no pudieron operar hasta las 14 horas después de nacer su hija. La familia reclama 3,5 millones de euros al departamento de Salud por los daños ocasionados.

El 14 de noviembre del año pasado fue el día más feliz para los leridanos Carmen Mejía y Rubén Carmona, que se convirtieron en padres de la pequeña Valentina en el hospital del Arnau de Vilanova. Al mismo tiempo, fue el día que empezó su peor pesadilla para Carmen de 36 años, que se quedó parapléjica por la supuesta mala aplicación de la anestesia epidural, que le causó un hematoma en la médula espinal, tardaron más de 14 horas en intervenirla de urgencias. La familia, representada por el abogado Enric Rubio ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) de 3,5 millones de euros por daños y secuelas frente a lo que consideraban que había estado una “infracción de la conducta profesional y el mal funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria”.

Carmen Mejía explica que el embarazo “fue perfecto” y el 14 de noviembre, cuando ya estaba de 40 semanas, “ingresé en el Arnau y decidieron que practicarían cesaría porque el bebé estaba en la parte superior”. Ya en el quirófano, le aplicaron la anestesia mediante una punción. “Sentí un dolor terrible. No sé qué pasó pero hubo tres punciones: se me dormía casi todo el cuerpo. Incluso notaba como se me dormía la mejilla” añadía. La niña nació sin problemas hacía las 19:00 horas. En el mismo quirófano, al sentir un fuerte dolor dorsal, solicitaron a una enfermera que le cogieran a la niña y le aplicasen algo frío en la espalda porque le estaba quemando.

Una vez en reanimación, la mujer comentó a las enfermeras que no sentía las piernas pero le dijeron que era normal por la anestesia. Al mismo tiempo, pasaron las horas y las piernas no se le despertaban. “Cada media hora decía que no tenía ningún tipo de sensibilidad”. No fue hasta pasadas las 10 de la mañana, 14 horas después del parto, cuando le hicieron una resonancia para, posteriormente, operarla de urgencia. “El neurólogo me explico que habían intervenido en la zona de la espalda donde estaba el hematoma”. Pero todo siguió igual y no le dieron ninguna explicación. El 19 de noviembre, cuatro días después, la trasladaron en helicóptero al hospital Vall de Hebrón en Barcelona. “Allí fue la primera vez que me dijeron que nunca volvería a caminar” lamentaba. Estuvo en el Instituto Guttmann, especializado en lesiones medulares entre el 20 de enero y el 26 de marzo. “Allí había un chico que tuvo un accidente de tráfico y tenía la misma lesión que yo. A él le intervinieron durante cinco horas y podía caminar con ayuda de una muleta.

El letrado de la familia afirma que “desde que se produjo la cesaría con planificación de anestesia epidural, hasta que se adoptaron medidas para verificar el motivo de la falta de sensibilidad, transcurrieron más de 14 horas, un tiempo muy prolongado para evitar que la lesión medular fuera definitiva”. “En todo este tiempo ni el Arnau de Vilanova ni nadie me ha dado ninguna explicación”, asegura Carmen. Este periódico se puso en contacto con el centro y con el ICS de Lleida, lo cual produjo que quisieran valorar el caso.

No recibió ningún tipo de atención y solicita una vivienda adaptada.

 Once meses después de haber sido madre, de los cuales más de dos se los pasó ingresada en el Instituto Guttmann, Carmen Mejía no ha recibido ningún tipo de ayuda médica o psicológica. Incluso tuvo que comprarse una silla de ruedas adaptada para poder bañarse que le costó más de cuatrocientos euros. Los familiares también le han ayudado a comprar unas barras para poder incorporarse y poder hacer un poco de ejercicio.

La pareja vive en un dúplex pero la mujer solo puede moverse por la primera planta, que tiene unos cuarenta metros cuadrados, y con mucha dificultad puede salir a la calle. Su pareja Rubén Carmona, fue a la Paería para solicitar una vivienda que se adapte a esta nueva situación. “Me dijeron que he de presentar la solicitud y que estudiarían el caso, pero de momento no nos han dado respuesta”. Su vida también ha dado un cambio radical ya que se ha de encargar de prestar toda la asistencia y cuidados necesarios tanto a su pareja como a su hija pequeña. La pareja vive esta situación con rábica e impotencia y su único consuelo es ver como su pequeña Valentina va creciendo, el 14 de noviembre cumplirá su primer año.

Una lleidatana queda paraplègica per l’epidural del part a l’Arnau de Vilanova

La Fiscalía acusa a diez supuestos narcos en el juicio más largo de la era del Covid19

La Fiscalía acusa a diez supuestos narcos en el juicio más largo de la era del Covid19

Exigen entre 4 y 9 años de cárcel y aseguran que traficar “era su modo de vida”. El juicio se alarga al no aceptar la Audiencia suspenderlo por exceso de aforo.

La Fiscalía mantuvo ayer su acusación contra diez acusados por tráfico de drogas en Almacelles, Lleida, Balaguer y Tarragona al considerar que actuaron para enriquecerse y finalmente lo convirtieron en su modo de vida. Así se pronunció el Ministerio Público en la última sesión de un largo juicio que empezó el miércoles pasado y se alargó un día más de lo previsto después de que la Audiencia de Lleida denegara la petición de la defensa de suspender la celebración por exceder el aforo establecido en la sala según la normativa anti-COVID19.

En la última sesión celebrada ayer, también tuvieron que declarar los acusados, los cuales negaron los hechos y se escucharon parte de las intervenciones telefónicas de los investigados. Según la Fiscalía, las pruebas de los guardias civiles que detuvieron a los acusados demostraban su participación en los hechos. “Traficaban con drogas para enriquecerse, lo convirtieron en su modo de vida y no actuaron porque su drogadicción le obligaba a hacerlo”, señaló el fiscal. Así mismo, consideraron que durante la investigación policial se respetaron sus derechos fundamentales y las pruebas se recogieron de forma correcta, después de que la defensa solicitara la anulación de las intervenciones telefónicas al considerar que no se realizaron con garantías.

En las conclusiones, la Fiscalía mantuvo la posición inicial de solicitar las penas de entre 4 y 9 años para los acusados, en función de su participación en la organización criminal y recordó que se intervino una gran cantidad de droga: más de 11kg de cocaína, 4 de heroína y 220kg de marihuana. Tres de los nuevos acusados se encuentran en prisión preventiva por esta causa. Por su parte, la defensa solicitó penas mínimas o la absolución para los defendidos y alegaron los problemas de adicción de sus representantes. En el caso de los acusados se enfrentan a una petición de prisión más elevada, el abogado, Enric Rubio, solicitó que en el caso de que se les condenara, se les interne en un centro psiquiátrico o de desintoxicación por su adicción a las drogas. El primer día del juicio en la sala habían 37 personas, cuando el aforo permitido por las medidas anti- Covid es de 30. Se fijó más distancia entre los abogados (que eran 9) y se hicieron más descansos.

Absuelven dos acusados de no investigar una paliza

Absuelven dos acusados de no investigar una paliza

Dos mossos juzgados después de una agresión de policías locales en Vila-seca a un leridano. Les pedían dos años y medio de cárcel.

La Audiencia de Tarragona ha absuelto al intendente Jaume Morón, exresponsable de los Mossos en el Tarragonés y al sargento leridano Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-seca que clavaron una paliza a un vecino de Lleida en enero de 2013, que resultó gravemente herido. El tribunal, en el cual uno de los magistrados ha emitido un voto particular, determina que “no se aprecia una voluntad clara y decidida de no querer investigar los hechos”. También garantizan que “no se entrevé ningún motivo o interés de los acusados en ocultar los hechos investigados […] ni tampoco se acredita ningún móvil que hubiera podido inducir a los acusados a ocultar intencionadamente datos relevantes para la investigación.

La Fiscalía afirmaba que evitaron impulsar la investigación y obviaron información clave con el objetivo que el juzgado archivara el caso. Concretamente, decía que el intendente Morón obligó una responsable dejar la investigación y cederla al sargento, que obvio al juzgado informaciones clave.

El Ministerio Público, que inicialmente pedía una condena de 5 años de cárcel por los delitos de falsedad documental del deber de perseguir delitos, rebajó la petición a sendas penas de dos años y medio de cárcel, ya que consideraba el atenuante de dilaciones indebidas.

El leridano Enric Rubio, letrado de Cunillera, decía ayer que “estamos muy satisfechos porque se ha demostrado su inocencia después de cuatro años muy duros porque han estado acusados de uno de los delitos más grandes de que pueden acusar un policía como es el de no perseguir delitos”

En cuanto al magistrado que ha emitido el voto particular, considera que en los informes hubo “omisiones que tuvieron que ser deliberadamente sesgadas y movidas con el propósito de ocultación de responsabilidades con la única finalidad de cubrir a los agentes de la policía local”. Considera que habían de haber estado condenados a un año y medio de cárcel e inhabilitados. La sentencia puede ser recorrida delante del Tribunal Superior de Justicia (TSCJ).

Políticas que empobrecen

Políticas que empobrecen

El pasado viernes 29 de mayo el Gobierno estatal, a través de un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que la crisis del coronavirus ha acelerado. Como dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se trata de una “prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes no los tienen” o, en otras palabras, también suyas: “Es una renta garantizada en toda España que se considera el mínimo imprescindible para garantizar unas condiciones de dignidad”.

Su importe varía en función de la situación de los hogares, influyendo el número de personas que vivan en él y los menores a cargo, e irá de los 462 € a los 1.015 € mensuales y se distribuirá en 12 pagas. Podrán solicitarlo las personas que el año anterior hayan tenido unos ingresos por debajo de la renta garantizada anual, así como aquellas que, en lo que llevamos del año actual, presentan una cantidad inferior a ese umbral. Además, se ha fijado un límite referido al patrimonio neto sin tener en cuenta la vivienda habitual. Los solicitantes deberán tener entre 23 a 65 años y contar al menos con un año de residencia en España. También podrá pedirse a partir de los 18 en el caso de que se tenga a un menor a cargo.

El Gobierno estima que beneficiará a cerca de 850.000 familias (en torno a 2,3 millones de personas) y que tendrá un coste de 3.000 millones al año. Una de las incógnitas es de dónde saldrá el dinero para cubrir el Ingreso Mínimo Vital. Al respecto, a nadie se le escapa que los presupuestos públicos son finitos, de modo que dependerá de los ingresos disponibles y de la priorización que haga el Gobierno del conjunto de gastos. Es decir, o se aumentan los ingresos (ya sea vía impuestos o emisión de deuda pública), o se eliminan o posponen otras partidas de gasto. Desde luego, toda medida que se adopte para reducir las tasas de pobreza bienvenida sea, pero conviene no llevarse a engaño, pues el Gobierno no es precisamente quien genera principalmente la riqueza y el desarrollo de un país y menos aún con medidas de corte populista, bajo la perspectiva de reducir la pobreza, pero que, en realidad, pueden conducir a hacerla más endémica, en el sentido de generar un amplio sector de la sociedad que acaba viviendo del subsidio y de las ayudas, sin apenas esfuerzo, ilusión, ni perspectivas vitales.

En realidad, quien realmente genera la riqueza de un país son los autónomos y los pequeños empresarios que no entienden de horas ni de horarios, que lo arriesgan casi todo para poner en marcha o dar continuidad a ese proyecto empresarial que les quita el sueño y que, a la postre, son los que, con esfuerzo y dedicación, crean los necesarios e imprescindibles puestos de trabajo que dignifican a las personas. El Gobierno puede adoptar medidas concretas de estímulo para la economía y también puede crear ayudas concretas y excepcionales, pero presentar el denominado Ingreso Mínimo Vital como una medida de gran alcance y calado como hizo el vicepresidente, no es lo que más conviene a una sociedad con más de tres millones de parados y donde nuestros jóvenes universitarios, en su mayoría, han de emigrar a otros países para poder encontrar un empleo, por lo que el Ingreso Mínimo Vital, más allá de ser excepcionalmente necesario para atajar la pobreza severa, especialmente la infantil, no ha de ser una medida que acabe por estimular una sociedad de pobres que dependen, mes a mes, del subsidio estatal aprobado y sostenido por los políticos, no sea que acabemos como otros países con grandes posibilidades económicas debido a sus recursos naturales, pero donde hay un amplio sector de la sociedad que vive de las ayudas públicas.

Sentado lo anterior, sería bueno que el Gobierno desvelara como afrontará ese coste que dice rondará los 3.000 millones de euros, por lo que, junto al anuncio de la medida, lo razonable y conveniente hubiera sido el anuncio de otras medidas que vayan en la línea de ayudar a los autónomos y pequeñas empresas, más allá de los ERTES que, por el momento, les han permitido mantener los puestos de trabajo. En este sentido, no es ningún secreto que la falta de liquidez conlleva un aumento de la morosidad. Antes del COVID-19, con carácter general, los autónomos y las pymes eran los que más sufrían los impagos de sus proveedores, sobre todo de las grandes compañías y de las administraciones públicas (AA. PP.). Según un estudio llevado a cabo recientemente por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ahora son precisamente los autónomos y las PYMES los que no pueden afrontar los pagos debido a la falta de liquidez derivada de la crisis sanitaria. Indudablemente, el cierre de los establecimientos, la falta de actividad absoluta desde mediados de marzo, el funcionamiento al ralentí durante estos días de desescalada, asociado al mantenimiento de la plantilla, son elementos que generan preocupación en las empresas ante un futuro muy incierto.

Desde la mencionada Plataforma, en las últimas semanas se han presentado multitud de propuestas para inyectar liquidez, todas ellas sin riesgo ni coste, ni garantías colaterales para las arcas públicas y las empresas. Entre otras, que el Gobierno devuelva los IVAs pendientes de compensar; que cree una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero; que se liberen parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas para que paguen a sus proveedores; que mediante un Real Decreto Ley se obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las AA.PP. y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo); que se agilicen los trámites burocráticos y haya un criterio consensuado único que permita a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria del coronavirus. Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y asegurar los cobros y los pagos, se estaría inyectando savia desde la raíz a todo el entramado empresarial, generándose la necesaria cadena de pagos y la circulación del dinero.

En definitiva, durante los últimos meses, como consecuencia del COVID-19, el Gobierno ha adoptado muchas medidas para hacer frente a una crisis sanitaria cuyo alcance, al igual que en otros países de nuestro entorno, no había previsto ni de lejos, pero le queda muchísimo trabajo por hacer en el plano económico, sin que el Ingreso Mínimo Vital pueda enmascarar la necesidad de adoptar medidas que permitan realmente hacer frente a su coste y generar la confianza necesaria para que se lleven a cabo inversiones y proyectos empresariales que generen verdadera riqueza y puestos de trabajo, relegando los subsidios a lo que realmente deben ser: ayudas limitadas en el tiempo y absolutamente excepcionales.

Enric Rubio i Gallart
Advocat – Doctor en Dret

Keep Calm

Keep Calm

Los dispositivos electrónicos nos dan acceso a casi todo, o eso creemos, y esa inmediatez es precisamente su golosina. Nos comunicamos con quien queremos y a la hora que queremos, por lejos que esté. Mandamos y recibimos fotos y videos a la velocidad de la luz, o los colgamos en cualquier plataforma para mostrar dónde hemos viajado o lo que somos capaces de hacer. No hay que ir a ese comedor silencioso de cada casa, al que antaño iban nuestros padres, para coger uno de esos volúmenes pesadísimos y buscar el significado de tal o cual palabra, la biografía de un determinado personaje o el mapa de ese país lejano. Hoy en día, esas enciclopedias ni siquiera son ya decorativas sino un vestigio del pasado en el que se acumula el polvo. Google nos proporciona todo eso y lo hace en décimas de segundo. Lo mismo ocurre con el comercio. Cualquier cosa es posible adquirirla utilizando el móvil, la Tablet o el ordenador personal. En tan solo un par de días, unas horas o unos minutos alguien desconocido pulsa el interfono de tu casa y te la entrega personalmente. Es más, la aplicación correspondiente te informa de donde está tu pedido y, si es comida rápida, si está ya en preparación y el tiempo estimado que resta para su entrega. El día que la conexión de internet es débil y esa información no fluye con la rapidez habitual, nos desesperamos.

Lo queremos todo para ya y tenemos acceso inmediato a todo y, sin embargo, debido a la globalización y al consumismo, quizás formemos parte de las generaciones que, en realidad, más esperan. Es un contrasentido, pero hacemos colas en el banco o en los cajeros, en el cine o en el teatro, para acceder a un concierto o coger un avión. Esperamos nuestro turno en esa parada de taxi o en el supermercado, ya sea en pescadería, carnicería o al pasar por caja. Quien no se acuerda de las interminables colas que hicimos en ese parque de atracciones. Eso sí, nada es comparable a la espera a que nos somete la actual pandemia del coronavirus y que nos obliga a estar confinados en nuestros hogares. Por duro que sea, hay que mantener la calma, aun siendo conscientes de las terribles consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

Mientras tanto y con ánimo de amortiguar la gravedad de la situación, estamos asistiendo a un cúmulo de nuevas normas que indudablemente son necesarias e imprescindibles pero que, lejos de aportar seguridad jurídica, son fruto de la rapidez y de la improvisación y cuya redacción es más que discutible. El coronavirus lo supera todo y puede entenderse la motorización legislativa a la que asistimos. No obstante, la inicial declaración del Estado de Alarma y los subsiguientes Reales Decretos, son un buen ejemplo de imprecisión y falta de claridad, fruto, de su redacción veloz ante la falta de toda previsión estratégica. A pesar de que su objetivo es dar respuesta concreta a las fatales consecuencias de este tsunami, su contenido es abigarrado, contradictorio y genera innumerables dudas que tratan de clarificarse con nuevas normas que corrigen las dictadas apenas unas horas antes. Desde luego, la crisis generada por el COVID 19 provocará una avalancha de procedimientos en nuestros tribunales, pero muchos de ellos serán también para solucionar las diversas interpretaciones, sobre el alcance y concreción de las pretendidas soluciones, que anuncian y desarrollan esos Reales Decretos dictados ex profeso.

El tiempo es imparable y nuestros proyectos vitales también, por mucho que el camino se tuerza o que surja algo imprevisible y aterrador como lo que estamos viviendo. Lo importante es evitar que la desesperación aflore y, con ella, la pérdida de capacidad de concentración y reacción. Los vientos feroces nos obligan a sujetar fuerte el timón para mantener el rumbo y capear el temporal, sin que los nervios y el miedo nos devoren. Por ello y a pesar de todo, keep calm, no queda otra.

Enric Rubio i Gallart
Abogado – Doctor en Derecho

Exculpada de la muerte de un niño en unas piscinas de Les Borges

Exculpada de la muerte de un niño en unas piscinas de Les Borges

Los forenses determinan que el menor, de 7 años, falleció de forma súbita por una cardiopatía congénita. Archivan la causa contra una monitora por estos hechos

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha archivado la causa penal contra una monitora por la muerte de un niño de 7 años en la piscina del Club Tennis Borges Blanques el 16 de agosto de 2018. En el auto que acuerda el sobreseimiento libre de la causa, el magistrado señala que no se aprecia que la monitora investigada cometiera ningún delito, como el de homicidio por imprudencia grave por el que estaba imputada, ya que, concluye, la muerte del menor no fue por ahogamiento sino por una insuficiencia cardiorrespiratoria “con probabilidad de origen cardíaco”. Según explicó ayer el abogado de la monitora investigada, Pau Simarro, los forenses han determinado que el niño falleció a causa de una cardiopatía congénita y el juez ha determinado que su defendida no cometió ningún delito ni tampoco ningún “acto de irresponsabilidad”. Simarro destacó que el auto señala que la conducta de la monitora no podría haber evitado la muerte del niño, que, según el juez, se produjo “de forma súbita”.

La decisión del juzgado de Instrucción 2 llega después de que la Fiscalía archivara en 2018 la causa contra otro monitor, menor de edad, al no apreciar delito. Ambos monitores trabajaban para la empresa Associació Esportiva Esport Actiu, que gestionaba un casal deportivo en el que participaban diez niños. Enric Rubio, el abogado de la empresa, valoró que “se ha demostrado que la entidad no incurrió en ninguna negligencia, que cumplía con todos los requisitos y que fue una desgracia ajena a la actividad deportiva”. La víctima, vecino de Els Omellons, falleció el 16 de agosto de agosto de 2018 en la piscina del Club Tennis Borges durante un cursillo de natación con otros nueve menores.

“El niño no falleció ahogado, sino por una cardiopatía, y la conducta de la monitora no podría haberlo evitado”

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Lleida archivó la causa penal contra 3 socorristas investigadas por la muerte de un niño de 6 años que se ahogó en las piscinas municipales de Tàrrega en junio de 2018. La familia de la víctima recurrirá al entender que hubo negligencia. La familia del niño fallecido recurrirá el auto del juzgado de Instrucción 2 de Lleida ante la Audiencia Provincial al entender que hubo “negligencia” por parte de los monitores y del club deportivo. El abogado de la familia, Xavier Prats, señaló ayer a este diario que mantienen que hubo “omisión y dejadez en las obligaciones” de los dos monitores que vigilaban a los niños en el cursillo y no se daban las medidas de seguridad necesarias en el centro. Asimismo, insistió en que no había ningún responsable de la empresa que organizaba la actividad, por lo que, consideró, “hubo una negligencia”. El archivo de la causa no es firme y en el auto el juez instructor señala que la familia del menor fallecido puede emprender las acciones civiles o administrativas que considere necesarias.

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